Descubrir que alguien utilizó sus datos para sacar un crédito, contratar un servicio o crear un perfil falso puede convertirse en un problema financiero difícil de resolver. Durante años, buena parte de la carga para demostrar lo ocurrido terminaba sobre la persona afectada.
Eso cambia con la Ley 2573 del 19 de mayo de 2026, que establece nuevas obligaciones para operadores de telecomunicaciones, entidades financieras y crediticias y otros establecimientos comerciales.
La norma busca que las empresas mejoren sus mecanismos de verificación de identidad, seguridad digital y validación de información, pero también establece medidas para proteger a quienes denuncien haber sido víctimas.
Y hay un punto especialmente importante: cuando se informa una obligación presuntamente adquirida mediante suplantación, el cobro debe suspenderse inmediatamente, bajo las condiciones establecidas por la ley.
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Más de 40.000 denuncias ponen el problema sobre la mesa
La dimensión del fenómeno ayuda a entender por qué las nuevas reglas adquieren importancia.
Según cifras citadas por la industria a partir de registros de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), desde 2020 se han registrado más de 40.300 denuncias por suplantación de identidad.
El problema además ocurre en un escenario donde abrir una cuenta, solicitar financiación, contratar internet, comprar productos o realizar trámites puede hacerse completamente por canales digitales.
La tecnología facilita estas operaciones, pero también crea nuevos puntos de riesgo cuando los mecanismos utilizados para comprobar quién está detrás de una solicitud no son suficientes.
¿Qué considera la ley como suplantación?
La legislación contempla diferentes formas en las que puede producirse este tipo de fraude.
Entre ellas se encuentran:
- Uso ilícito de documentos de identidad.
- Utilización no autorizada de datos personales.
- Uso fraudulento de tarjetas.
- Creación de perfiles digitales falsos.
- Obtención de información personal mediante medios electrónicos sin autorización.
- Conductas destinadas a hacerse pasar por otra persona para obtener productos o servicios.
La verdadera razón de incluir diferentes modalidades es que la suplantación ya no ocurre únicamente mediante un documento físico.
Una identidad también puede ser utilizada fraudulentamente en el entorno digital.
La nueva obligación para bancos, operadores y comercios
Uno de los cambios centrales está relacionado con las empresas que ofrecen productos y servicios.
La Ley 2573 establece que estas organizaciones deben implementar protocolos, herramientas y metodologías suficientes y razonables para identificar plenamente a quienes solicitan sus productos o servicios.
Esto significa que la verificación de identidad adquiere una importancia todavía mayor dentro de procesos como la apertura de productos financieros, contratación de servicios, compras y operaciones realizadas por internet.
No se trata únicamente de pedir un número de documento.
Los procesos de validación pueden involucrar diferentes mecanismos tecnológicos destinados a comprobar que la información entregada corresponde efectivamente a la persona que realiza la operación.
¿Qué ocurre cuando aparece una deuda que la persona no reconoce?
Aquí se encuentra uno de los aspectos que más pueden interesar a los consumidores.
Cuando una persona comunica a una entidad financiera, operador de telecomunicaciones o establecimiento cobijado por la ley que una obligación fue adquirida mediante suplantación, el cobro debe suspenderse inmediatamente, incluidos intereses y gastos de cobranza.
A partir de ese momento, la persona dispone de 20 días hábiles para presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía y aportar los soportes disponibles.
Las actuaciones posteriores dependerán de lo que establezcan las autoridades competentes.
El impacto también puede llegar al historial crediticio
Sin embargo, esto no es todo.
Una suplantación puede generar consecuencias que van mucho más allá de recibir llamadas de cobranza. Una obligación que la persona nunca adquirió podría terminar afectando su información financiera y su acceso a productos de crédito.
Por eso, la nueva legislación también contempla medidas relacionadas con las centrales de información.
Cuando exista una denuncia de falsedad personal o delitos relacionados, las entidades deben reportar la situación bajo la condición de “víctima de falsedad personal”, de manera que esta circunstancia no afecte la puntuación de la persona presuntamente suplantada.
¿Qué pasa si las autoridades confirman el fraude?
Si las autoridades judiciales determinan que efectivamente ocurrió la suplantación, la víctima deberá ser exonerada de la obligación y desvinculada de los reportes negativos relacionados con el fraude.
La legislación también contempla la devolución de dinero o la eliminación de obligaciones defraudadas cuando se determine que hubo incumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos.
Además, la Superintendencia Financiera ha precisado que las entidades financieras no pueden decidir por sí mismas que una suplantación no ocurrió. Esa determinación corresponde a las autoridades judiciales competentes.
¿Qué debe hacer una persona si descubre que fue suplantada?
La protección establecida por la ley también implica responsabilidades para quien resulta afectado.
Al conocer la situación, la persona debe informar a la entidad correspondiente y entregar los elementos de prueba que tenga disponibles.
También debe denunciar ante la Fiscalía o la Policía Nacional los hechos que puedan constituir falsedad personal, falsedad documental u otros delitos relacionados.
En caso de que la suplantación se haya producido mediante un perfil digital falso, también deberá presentar la reclamación correspondiente ante la plataforma donde ocurrió.
Estos son los pasos que conviene tener presentes
Si descubre una obligación que no reconoce:
- Informe inmediatamente a la entidad involucrada.
- Solicite la suspensión del cobro en los términos previstos por la ley.
- Reúna documentos, comunicaciones y demás soportes disponibles.
- Presente la denuncia ante las autoridades correspondientes.
- Realice la reclamación ante la plataforma si existe un perfil digital falso.
- Haga seguimiento a la investigación y a la actualización de su información financiera.
La recomendación práctica es conservar evidencia desde el primer momento. Correos electrónicos, mensajes, comprobantes, capturas y comunicaciones pueden resultar relevantes para acreditar lo sucedido.
El siguiente desafío: demostrar quién está detrás de una pantalla
La discusión sobre la suplantación abre una pregunta mucho más grande: ¿cómo verificar la identidad de una persona en internet sin convertir cada trámite en un proceso interminable?
Ese debate cobra fuerza a medida que las operaciones financieras, comerciales y gubernamentales migran hacia canales digitales.
El reto consiste en encontrar un equilibrio entre seguridad, protección de datos, cumplimiento regulatorio y facilidad de uso.
Una verificación demasiado débil puede aumentar el riesgo de fraude. Una excesivamente compleja puede hacer más difíciles los trámites legítimos.
Tecnología e identidad digital entran en el debate
Este 24 de septiembre, en Bogotá, se abordará precisamente esta discusión durante Next Gen ID 2.0 · Trust Without Friction, encuentro organizado por OlimpIA con participación anunciada de representantes de los sectores financiero, tecnológico, empresarial y público.
Entre los participantes anunciados se encuentran representantes de Banco Davivienda, Grupo Aval, Colombia Fintech, la ANDI y el Congreso de la República, además de Simbad Ceballos, CEO de OlimpIA.
La compañía afirma que durante 2026 ha realizado más de 60 millones de validaciones de identidad mediante mecanismos como huella y reconocimiento facial, utilizados en servicios financieros, empresariales, de telecomunicaciones y trámites digitales.
El punto de fondo es cada vez más evidente: la identidad digital se está convirtiendo en una pieza fundamental de las operaciones que antes requerían presencia física.
Por eso, las decisiones que adopten empresas y entidades sobre autenticación, biometría, protección de datos y prevención del fraude tendrán consecuencias directas para consumidores y usuarios.
Recomendados:
Una ley que cambia la conversación sobre el fraude digital
La Ley 2573 introduce un cambio relevante en la relación entre las víctimas de suplantación y las empresas.
La persona afectada sigue teniendo que denunciar y aportar información, pero las organizaciones también deben asumir responsabilidades en materia de identificación, validación y seguridad.
Para los consumidores, esto hace todavía más importante revisar periódicamente sus obligaciones financieras, proteger sus datos personales y reaccionar rápidamente ante cualquier operación que no reconozcan.
En un entorno donde cada vez más decisiones de compra, crédito, contratación e inversión se realizan desde un celular, conocer estas reglas puede ser tan importante como conocer las condiciones de un producto financiero.
Si conoce a alguien que haya descubierto una deuda o servicio contratado a su nombre sin autorización, compartir esta información podría ayudarle a saber qué hacer.
