Durante años, miles de familias han enfrentado barreras para conseguir diagnósticos, tratamientos, apoyos educativos y oportunidades laborales para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras condiciones del neurodesarrollo. Ahora Colombia acaba de establecer nuevas obligaciones para el Estado.
La Ley 2628 de 2026, sancionada el 26 de agosto, crea mecanismos de atención integral en salud, educación, empleo e inclusión social. También establece un nuevo Certificado Único de Trastorno del Neurodesarrollo.
Pero hay un detalle que puede resultar todavía más importante: la expedición de este certificado será voluntaria y no podrá utilizarse como requisito para recibir atención en salud.
¿Qué cambia realmente con la nueva Ley 2628?
La norma establece un marco nacional para facilitar el acceso de las personas con TEA, trastornos del neurodesarrollo y condiciones similares a servicios, programas y beneficios relacionados con salud, educación, trabajo, vivienda, movilidad, recreación y deporte.
El objetivo no es únicamente mejorar el diagnóstico. La ley busca que las diferentes instituciones públicas trabajen bajo una estrategia coordinada y que las personas puedan encontrar menos obstáculos para acceder a los servicios que necesitan.
La responsabilidad, además, no recaerá exclusivamente sobre el Ministerio de Salud.
Minsalud, Educación, DANE, Trabajo, SENA, entidades territoriales y otras instituciones tendrán tareas específicas dentro de la implementación.
Y aquí aparece uno de los cambios que más puede interesar a las familias.
El nuevo Certificado Único de Trastorno del Neurodesarrollo
La Ley 2628 crea un Certificado Único de Trastorno del Neurodesarrollo, que deberá ser expedido por centros especializados en departamentos, distritos y municipios que cuenten con una red de salud de alta complejidad.
Una vez recibida la información diagnóstica remitida por la EPS, los centros encargados tendrán un plazo máximo de dos meses para expedirlo, según las condiciones establecidas en la norma.
El trámite será voluntario.
Esto significa que una persona diagnosticada no perderá el derecho a recibir atención médica por no contar con el certificado. La propia ley establece que su ausencia no podrá convertirse en una barrera para acceder a los servicios de salud.
Sin embargo, contar con el documento podrá facilitar el acceso a determinados beneficios ofrecidos por autoridades de salud, educación, cultura, recreación, deporte, movilidad, transporte y vivienda.
¿Para qué podría servir el certificado?
Entre los aspectos contemplados por la nueva norma se encuentran:
- Facilitar la identificación oficial de la condición.
- Apoyar el acceso a programas y beneficios institucionales.
- Facilitar trámites relacionados con educación e inclusión.
- Servir como documento reconocido en determinados procesos de movilidad y transporte.
- Apoyar el acceso a beneficios relacionados con vivienda y otros servicios.
- Ser reconocido para efectos de la exoneración del servicio militar obligatorio en los casos previstos por la ley.
La historia clínica continuará teniendo validez para determinar la exoneración del servicio militar y la norma busca que ese procedimiento sea sencillo y expedito.
Minsalud tiene un año para crear una política pública
Uno de los plazos más relevantes comienza a correr con la entrada en vigencia de la Ley 2628.
El Ministerio de Salud y Protección Social deberá formular, en un periodo máximo de un año, una política pública de atención, acompañamiento y protección para las personas con TEA, trastornos del neurodesarrollo y condiciones similares.
Los departamentos, distritos y municipios también deberán desarrollar esta política en sus territorios.
La formulación deberá contemplar la participación de organizaciones sociales, ligas y otros actores vinculados con esta población.
La política deberá abordar asuntos como información sobre señales y síntomas, factores de riesgo, procedimientos diagnósticos, prácticas de cuidado respetuoso, derechos de las personas y medidas relacionadas con salud, educación, trabajo, recreación, deporte e inclusión social.
También habrá cambios en los protocolos médicos
Minsalud deberá impulsar investigaciones en salud mental y actualizar los protocolos clínicos de atención.
El trabajo deberá realizarse en coordinación con el Instituto Nacional de Salud y tendrá entre sus objetivos incorporar herramientas y tecnologías relacionadas con la atención en salud mental.
La ley también establece la creación de una Ruta de Atención Médica clara y pública.
Esta ruta deberá incluir mecanismos de seguimiento y monitoreo, además de garantizar el acceso oportuno a tratamientos y medicamentos conforme a la orden médica.
La detección temprana también cambia de escenario
La nueva legislación pone especial atención en la identificación temprana.
Durante las evaluaciones pediátricas periódicas, cuando se encuentren características conductuales relacionadas con estas condiciones, deberá propenderse por la remisión hacia profesionales capacitados.
La intención es reducir el tiempo entre la aparición de señales, la evaluación especializada y la intervención correspondiente.
También se contempla la actualización del protocolo clínico para el diagnóstico y tratamiento de niños, niñas y adolescentes con TEA.
La atención deberá involucrar equipos interdisciplinarios y ofrecer información clara a pacientes, familias y cuidadores.
Pero la reforma no termina en los consultorios.
Profesionales de salud tendrán que capacitarse
La Ley 2628 ordena crear un programa nacional de capacitación y sensibilización dirigido al talento humano en salud.
La finalidad es mejorar la atención y el trato hacia personas con TEA, trastornos del neurodesarrollo y condiciones similares.
Los profesionales de atención primaria que puedan tener contacto directo con esta población, sus familiares o cuidadores deberán completar la capacitación cuando no cuenten con formación en salud mental.
El registro de esta formación deberá incorporarse al Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud, ReTHUS.
La norma también plantea unificar el lenguaje técnico utilizado en los procesos de atención mediante un manual y un comité especializado.
Le interesa: "Minicerebros" humanos revelan claves del autismo: Una teoría impactante y confirmada
Educación: la inclusión tendrá nuevas obligaciones
El cambio también llegará a colegios y sistemas educativos.
El Ministerio de Educación deberá establecer una ruta clara y pública de inclusión escolar, mientras las secretarías de educación tendrán responsabilidades relacionadas con cupos y condiciones de atención para estudiantes con TEA, trastornos del neurodesarrollo y condiciones similares.
La ley contempla, entre otras medidas:
- Definición de cupos educativos.
- Capacitación progresiva de docentes.
- Diferenciación y especialización de la atención.
- Condiciones de seguridad para estudiantes con hipersensibilidad.
- Incorporación de información específica en los sistemas de matrícula.
El objetivo es que la inclusión no se limite a permitir la matrícula de un estudiante, sino que existan condiciones para garantizar su permanencia y atención adecuada.
¿Qué pasará con el empleo y los cuidadores?
Otro de los componentes de la Ley 2628 está relacionado con la autonomía económica.
El Ministerio de Trabajo y el SENA deberán promover ofertas específicas de acceso al empleo para esta población tanto en el sector público como privado.
También se contemplan estrategias de estímulo para la contratación y permanencia laboral.
El SENA tendrá además responsabilidades en materia de emprendimiento, en coordinación con entidades territoriales.
Para las familias y cuidadores, la norma contempla medidas de apoyo y mecanismos orientados a facilitar su participación en diferentes ámbitos de la vida social y laboral.
Esto puede tener un impacto especialmente relevante en hogares donde las necesidades de cuidado terminan afectando los ingresos, el empleo y las posibilidades de desarrollo profesional de los familiares.
DANE deberá mejorar las cifras sobre esta población
Otro cambio menos visible, pero fundamental para la planificación de políticas públicas, estará en las estadísticas.
Los futuros censos poblacionales realizados por el DANE deberán incorporar parámetros que permitan identificar a personas con TEA, trastornos del neurodesarrollo y condiciones similares.
Minsalud, por su parte, deberá estructurar mecanismos de seguimiento y conteo estadístico en sus bases de datos.
La información deberá incluir aspectos relacionados con diagnósticos y tratamientos.
Educación también tendrá que fortalecer sus sistemas de información para identificar a los estudiantes que presenten estas condiciones.
¿Por qué importa este punto?
Porque diseñar programas de salud, educación, empleo o inversión pública requiere conocer cuántas personas necesitan atención y cuáles son sus principales necesidades.
Sin estadísticas adecuadas, las políticas pueden terminar diseñándose sobre estimaciones incompletas.
Un Comité Nacional vigilará la implementación
La Ley 2628 también crea un Comité Nacional de Inclusión para Personas con TEA, trastornos del neurodesarrollo y condiciones similares.
El organismo estará presidido por el Ministerio de Salud y contará con participación de entidades como Educación, Defensoría del Pueblo y DANE, además de representantes de organizaciones sociales, alcaldes, gobernadores y personas pertenecientes a esta población.
El Comité deberá evaluar el cumplimiento de la ley y formular propuestas de políticas y programas.
Además, tendrá que elaborar anualmente un documento sobre los avances y las condiciones de vida de esta población para presentarlo ante las Comisiones Séptimas del Congreso.
Su funcionamiento deberá ser reglamentado por Minsalud dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la norma.
El Comité deberá reunirse al menos dos veces al año.
Además: La vitamina D podría ayudar a prevenir el autismo, según la ciencia
El verdadero reto comienza después de la sanción
La Ley 2628 ya fue sancionada y publicada en el Diario Oficial No. 53.604.
Sin embargo, varios de los cambios más importantes todavía requieren reglamentación, protocolos, rutas, capacitación y desarrollo institucional.
Por eso, la pregunta ya no es solamente qué dice la ley.
La verdadera pregunta es cuándo comenzarán a sentirse sus efectos en una cita médica, en un colegio, en un empleo o en un trámite cotidiano.
El Gobierno tendrá un año para formular la política pública nacional, mientras otras obligaciones tienen plazos diferentes.
El éxito de la norma dependerá de que esas obligaciones jurídicas terminen convertidas en servicios concretos, profesionales capacitados, información confiable y oportunidades reales.
Para las familias, el cambio más importante no estará necesariamente en el texto de la ley, sino en lo que ocurra cuando tengan que utilizar los mecanismos que esta acaba de crear.
Preguntas frecuentes sobre la Ley 2628 de 2026
¿Qué es el Certificado Único de Trastorno del Neurodesarrollo?
Es un nuevo documento creado por la Ley 2628 para acreditar determinadas condiciones del neurodesarrollo. Su trámite será voluntario y podrá facilitar el acceso a determinados beneficios y programas institucionales.
¿El certificado será obligatorio para recibir atención médica?
No. La ley establece que la falta del certificado no podrá convertirse en una barrera para acceder a los servicios de salud.
¿Cuánto tiempo tiene Minsalud para crear la política pública?
El Ministerio de Salud y Protección Social tiene un plazo máximo de un año contado desde la promulgación de la Ley 2628 para formular la política pública nacional.
Colombia abre una nueva etapa en la atención del neurodesarrollo
La Ley 2628 representa un cambio importante porque distribuye responsabilidades entre salud, educación, empleo, estadísticas y gobiernos territoriales.
Ahora comienza la etapa decisiva: comprobar que las nuevas obligaciones puedan traducirse en atención efectiva y oportunidades concretas.
Si esta información puede ser útil para una familia, un cuidador, un docente o un profesional de salud, compartirla puede ayudar a que más personas conozcan los cambios que empiezan a implementarse en Colombia.
