Cuatro de cada diez plantas de tratamiento de aguas residuales, PTAR, reportadas a la Contraloría de Cundinamarca presentan una brecha entre su capacidad instalada y las necesidades actuales de tratamiento, según la información entregada por las entidades vigiladas.
El dato pone bajo la lupa una infraestructura que suele pasar inadvertida hasta que aparecen problemas de contaminación, vertimientos o deterioro de las fuentes hídricas.
Pero hay un punto importante: la alerta no significa que esas plantas estén cerradas o que necesariamente estén incumpliendo la normativa ambiental. La propia Contraloría anunció que ahora deberá contrastar los datos con información técnica, contractual, presupuestal y ambiental.
La cifra que encendió las alarmas sobre las PTAR en Cundinamarca
La revisión comenzó con información correspondiente a 139 prestadores o entidades responsables de sistemas de alcantarillado.
De ese universo, 61 reportaron contar con una planta de tratamiento de aguas residuales, mientras que 78 no informaron disponer de este tipo de infraestructura.
Entre las 61 PTAR reportadas, 34 fueron registradas con capacidad suficiente y 27 presentaron una capacidad inferior frente a las necesidades señaladas por las propias entidades.
Eso significa que las 27 plantas representan el 44,3% de las PTAR incluidas en el balance, de acuerdo con los cálculos realizados a partir de las cifras divulgadas por la Contraloría.
¿Qué significa realmente tener una capacidad insuficiente?
Aquí aparece uno de los puntos que pueden generar confusión.
Que una PTAR tenga una capacidad instalada inferior a la demanda no significa automáticamente que esté fuera de servicio.
Puede tratarse de una infraestructura que funciona, pero que fue diseñada para tratar un volumen menor de aguas residuales al que actualmente requiere el municipio o sistema de alcantarillado.
Por eso, todavía no es posible concluir, únicamente con el boletín, cuáles plantas presentan incumplimientos ambientales, problemas de operación o deficiencias en la calidad del agua tratada.
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La Contraloría todavía no identifica cuáles son las 27 plantas
El reporte divulgado durante el Día Mundial de los Ríos permite conocer la magnitud de la brecha, pero deja varios interrogantes abiertos.
El documento no identifica las 27 PTAR, tampoco señala los municipios donde están ubicadas ni precisa cuáles son las entidades responsables de su operación.
Tampoco se detallan, para cada planta, variables como:
- Capacidad de diseño.
- Caudal que recibe actualmente.
- Volumen efectivamente tratado.
- Estado operativo de la infraestructura.
- Recursos públicos invertidos.
- Resultados de los análisis del agua antes de su descarga.
- Condiciones ambientales asociadas a los vertimientos.
Esto resulta relevante porque una planta puede tener una determinada capacidad nominal y, al mismo tiempo, operar por debajo o por encima de diferentes niveles de demanda según las condiciones del sistema de alcantarillado.
Sin embargo, esto no es todo. La revisión anunciada por el organismo de control podría determinar si detrás de la brecha existen necesidades de ampliación, problemas de operación, infraestructura deteriorada o inversiones que no están produciendo los resultados esperados.
La Contraloría ahora deberá determinar qué está ocurriendo realmente con esas plantas
¿Dónde estaría el problema?
La alerta no se limita exclusivamente al río Bogotá.
La información de la Contraloría comprende sistemas hídricos relacionados con los ríos Sumapaz, Negro, Guavio y Suárez, además de otros afluentes y corrientes del departamento.
Esto amplía el alcance de la discusión: el desafío no consiste únicamente en construir nuevas plantas, sino en determinar si la infraestructura existente tiene capacidad suficiente para responder al crecimiento de la demanda.
En municipios con expansión urbana o aumento de población, por ejemplo, una infraestructura diseñada para una demanda anterior puede requerir ampliaciones, modernización tecnológica o nuevas inversiones.
El verdadero interrogante: ¿cuánto se está tratando y con qué resultados?
La capacidad de una PTAR es solamente una parte del análisis.
También es necesario conocer cuánto caudal llega realmente a la planta, cuánto logra tratar, bajo qué condiciones opera y qué características tiene el agua que finalmente retorna a una fuente hídrica.
Por esta razón, la Contraloría anunció que contrastará la información inicial con documentos técnicos, contractuales, presupuestales y ambientales.
La revisión también buscará establecer si las inversiones realizadas en infraestructura de saneamiento están consiguiendo una reducción efectiva de la contaminación.
“No basta con construir una planta de tratamiento; necesitamos que funcione y tenga la capacidad que requiere el territorio”, afirmó Lida Katherine Ramírez Pirabán, subdirectora de Costos Ambientales de la Contraloría de Cundinamarca.
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PTAR Canoas: la gran inversión que también toca a Cundinamarca
Mientras el departamento revisa la situación de otras plantas, existe un proyecto de enorme dimensión financiera y ambiental: la PTAR Canoas, ubicada en Soacha.
El Confis Distrital aprobó vigencias futuras por $22 billones para la construcción y operación del proyecto.
La planta está proyectada para tratar un caudal promedio de 16 metros cúbicos por segundo, equivalente a unos 498 millones de metros cúbicos de aguas residuales al año.
Además, recibirá aproximadamente el 70% de las aguas residuales generadas en Bogotá y el 100 % de las provenientes del casco urbano de Soacha.
Una infraestructura para millones de habitantes
El proyecto está planteado para beneficiar a más de 7,3 millones de habitantes.
Su financiación involucra recursos de Bogotá, la CAR, la Gobernación de Cundinamarca y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
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Los compromisos presupuestales asociados con el contrato de construcción y operación se extienden hasta 2050.
No obstante, existe una diferencia importante: Canoas está orientada principalmente al saneamiento de Bogotá y Soacha.
Por eso, su desarrollo no elimina la necesidad de revisar las PTAR que atienden a los demás municipios y cuencas del departamento.
¿Qué viene ahora para las plantas de tratamiento?
La siguiente etapa será fundamental para convertir una alerta estadística en un diagnóstico técnico.
La Contraloría indicó que continuará revisando las inversiones públicas relacionadas con plantas que no operen adecuadamente, tengan una capacidad inferior a la demanda o no produzcan los resultados ambientales previstos.
El análisis podría abrir preguntas sobre ampliaciones, mantenimiento, modernización tecnológica y eficiencia de los recursos públicos destinados al saneamiento.
También permitirá determinar si las brechas reportadas corresponden principalmente a problemas de infraestructura, crecimiento de la demanda, operación o a una combinación de varios factores.
Una alerta que todavía necesita nombres, datos y resultados
La información conocida permite dimensionar el tamaño de la brecha, pero todavía no responde la pregunta que probablemente más interesa a los habitantes: ¿cuáles son exactamente las 27 plantas y qué está ocurriendo en cada una?
Esa información será determinante para conocer si se requieren nuevas inversiones, ampliaciones, modernización de equipos, ajustes operativos o simplemente una evaluación más detallada de la capacidad instalada.
Mientras avanzan las auditorías, el debate sobre el tratamiento de aguas residuales deja una pregunta abierta para los municipios: ¿la infraestructura de saneamiento está creciendo al mismo ritmo que las necesidades de sus habitantes y de sus ríos?
Compartir esta información puede ayudar a poner sobre la mesa una discusión que no solo tiene impacto ambiental, sino también presupuestal y de calidad de vida.
