Una fuerte polémica sacude a Zipaquirá tras la denuncia pública del concejal Camilo Calderón, quien calificó como un “descaro total” la supuesta socialización del proyecto Paseo de la Esperanza, impulsado por la administración del alcalde de Zipaquirá Fabián Rojas. Según el cabildante, el proceso fue una “vergüenza absoluta” diseñada para simular participación ciudadana mientras se avanza, a toda costa, en la ejecución de una inversión cercana a los 10.000 millones de pesos.
El concejal Camilo Calderón advierte riesgos de privatización del parque y falta de transparencia.
Calderón, quien grabó y difundió un video del hecho, denunció que el evento fue copado por funcionarios, contratistas y personas cercanas a la administración, negando deliberadamente el uso del micrófono a ciudadanos inconformes y al propio concejal. Además, afirmó que algunos asistentes críticos fueron hostigados física y verbalmente por asesores y familiares de la secretaria de Obras Públicas.
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“Hambre y desespero” por gastar los recursos
El concejal señaló directamente al alcalde y su equipo de gobierno, asegurando que existe un “hambre y desespero” por ejecutar los 10.000 millones de pesos, incluso pasando por alto requisitos legales fundamentales. Uno de los hechos más graves, según la denuncia, es que la alcaldía radicó nuevamente el proyecto ante el Ministerio de Cultura pese a que la socialización —requisito indispensable— no se realizó de manera real, abierta ni participativa.
Este comportamiento, advierte Calderón, evidencia una intención clara de seguir adelante sin escuchar a la ciudadanía ni a los sectores que se oponen al proyecto tal como está concebido.
¿En qué consiste el Paseo de la Esperanza?
El proyecto busca transformar el parque en un corredor turístico, cultural y gastronómico, con mejoras en infraestructura, ampliación de zonas infantiles, senderos, áreas de picnic y la instalación de módulos comerciales permanentes para artesanos y gastronomía local. La administración sostiene que el acceso a estos espacios se haría mediante concursos con jurados especializados.
Graves denuncias sacuden a Zipaquirá por el Paseo de la Esperanza
Por qué el Parque de la Esperanza es clave para Zipaquirá
El Parque de la Esperanza no es un espacio cualquiera. Allí funcionó históricamente la plaza de ferias de Zipaquirá, que convirtió al municipio en un eje económico regional desde los años 40. A comienzos del siglo XXI, durante la alcaldía de Ever Bustamante, se consolidó como el Parque Central de La Esperanza, un espacio de más de 73.000 metros cuadrados pensado para el encuentro ciudadano, la contemplación y el disfrute colectivo.
Hoy, pese al deterioro por falta de inversión, el parque sigue siendo un lugar simbólico, social y económico, punto de encuentro de familias y sustento de varias que dependen de ventas informales. Para muchos zipaquireños, intervenirlo con módulos comerciales permanentes equivale a una privatización encubierta del espacio público.
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El Paseo de la Esperanza y sus controversias
Aunque el proyecto se presenta como una apuesta de recuperación urbana, turística y cultural, ha sido duramente cuestionado. Los críticos aseguran que viola el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) al plantear módulos en concreto en una zona donde solo se permite mobiliario transitorio.
El propio Ministerio de Cultura devolvió el proyecto, señalando incumplimientos en la reglamentación de aprovechamiento del espacio público. A esto se suma que los tiempos administrativos harían inviable su ejecución en el actual periodo de gobierno, lo que refuerza la tesis de que el llamado “paseo millonario” no se concretará.
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Para concejales, Vigías del Patrimonio y ciudadanos, el mensaje es claro: el Parque de la Esperanza debe conservarse como bien público, sin improvisaciones, sin despilfarro y sin privatización.
Las preguntas de la ciudadanía
A estas denuncias se suman las preguntas que hoy inquietan a cientos de ciudadanos zipaquireños, quienes advierten vacíos preocupantes en el proyecto. ¿Cómo se realizará la convocatoria y la selección de los comerciantes que ocuparían los módulos y bajo qué parámetros se definirán los beneficiarios? ¿Se trata, en la práctica, de una privatización de un parque público mediante la instalación de infraestructura comercial permanente? También persiste la incertidumbre sobre cómo se garantizará el bienestar y el derecho al trabajo de los numerosos vendedores ambulantes que diariamente derivan su sustento del Parque de la Esperanza. A ello se añade un interrogante clave: ¿por qué se llevó a cabo una socialización cuando el proyecto ya había sido radicado ante el Ministerio de Cultura, si precisamente dicha socialización es un requisito indispensable previo para la presentación formal de la iniciativa? Para muchos ciudadanos, estas inconsistencias refuerzan la percepción de improvisación, falta de transparencia y un afán injustificado por ejecutar una millonaria inversión sin consensos reales. Además a través de redes muchos proponen iniciar protestas y manifestaciones para que dicho proyecto no se ejecute.
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