El malestar por el incremento del impuesto predial en distintos municipios del país ya no solo se siente en los hogares: también se convirtió en un nuevo frente de tensión política entre el Gobierno Nacional y autoridades locales.
La Federación Colombiana de Municipios salió al paso de las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien responsabilizó a los alcaldes por el incremento del impuesto predial en varias regiones del país. La entidad calificó estas afirmaciones como “irresponsables y demagógicas”, asegurando que los mandatarios locales están actuando en cumplimiento de la ley.
Según explicó el organismo, los ajustes en los avalúos catastrales no obedecen a decisiones discrecionales de las alcaldías, sino a la implementación del artículo 49 de la Ley 2294 de 2023, correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno.
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Actualización catastral: una obligación legal
La normativa vigente ordenó la actualización catastral en al menos 520 municipios priorizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, lo que ha derivado en incrementos significativos en el valor de los predios y, en consecuencia, en el monto del impuesto predial.
El director ejecutivo de la Federación, Gilberto Toro Giraldo, fue enfático al señalar que los alcaldes no tienen margen de maniobra frente a esta medida:
“Culpar a los alcaldes de los aumentos en el predial que hoy perciben los ciudadanos es irresponsable y demagógico. Los municipios están cumpliendo la ley basándose en lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro”.
Impacto social y presión sobre las administraciones locales
La Federación advirtió que la actualización catastral ha generado efectos sociales y administrativos considerables en los territorios. Entre ellos, un aumento en la inconformidad ciudadana, protestas locales y un incremento en las reclamaciones formales por parte de contribuyentes que consideran excesivos los nuevos valores.
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A esto se suma un factor crítico: las administraciones municipales no tienen competencia directa en la determinación técnica de los avalúos, lo que limita su capacidad de respuesta frente a las quejas.
Falta de pedagogía y riesgo para la gobernabilidad
Uno de los puntos más sensibles expuestos por la Federación es la falta de articulación institucional y pedagogía por parte del Gobierno Nacional. Según el gremio, esta situación ha contribuido a la desinformación entre la ciudadanía, lo que termina afectando la confianza en las autoridades locales.
“Se requiere mayor articulación y pedagogía desde el Gobierno Nacional para evitar desinformación y afectaciones a la gobernabilidad local”, insistió Toro Giraldo.
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La postura del presidente Petro
En medio de la controversia, el presidente Gustavo Petro respondió públicamente a través de la red social X a Tatiana Muñoz, quien anunció que el paro contra los avalúos catastrales —en rechazo a la resolución 2057 de 2025 del IGAC— sería indefinido.
El mandatario sostuvo que las protestas no representan principalmente a pequeños propietarios, sino que estarían impulsadas por intereses de grandes tenedores de tierra:
“Lo que hace Tatiana es buscar que los grandes hacendados, terratenientes y dueños de lotes de engorde no paguen impuesto predial a sus municipios, desfinanciando los servicios sociales del municipio, y usa a los pequeños propietarios engañándolos con decir que es el gobierno nacional el que pone los impuestos”.
Asimismo, el jefe de Estado explicó que el impuesto predial se compone de dos elementos diferenciados: por un lado, la tarifa o tasa, que es definida por los concejos municipales a iniciativa de los alcaldes; y por otro, la base gravable, determinada por el avalúo catastral.
Petro argumentó que en muchos territorios los avalúos no se actualizaban desde hace más de dos décadas, lo que, según su posición, ha permitido que grandes propiedades improductivas paguen impuestos bajos, afectando la capacidad de los municipios para financiar servicios sociales.
