Aunque la alimentación para los niños más pobres que están estudiando se viene entregando desde 1936, el Gobierno no ha logrado encontrar una estrategia para hacer que ese programa sea eficiente
Así lo determinó una auditoría de la Contraloría General sobre el desempeño del Programa de Alimentación Escolar (PAE), creado para mejorar la educación y evitar la deserción escolar.
La Contraloría afirma que los problemas del PAE –que se extiende en 1.103 municipios del país a través de 13.000 instituciones educativas– van más allá de los casos de corrupción que se han denunciado.
De manera generalizada se detectó que las dificultades radican en su mayoría en que la asignación de recursos para atender a los niños no es eficiente, aunque el año pasado el Ministerio de Educación creó una bolsa común (una única cuenta) para facilitar esa estrategia.
De hecho, la Contraloría afirma que aunque los municipios aseguran que este programa sí ha contribuido a mejorar el acceso a la educación y su permanencia, lo cierto es que “no se presenta evidencia suficiente que acredite la correlación directa entre los resultados obtenidos y su atribución al programa”.
Una de las dificultades es que el PAE se financia de diferentes fuentes (regalías, presupuesto de la Nación, sector privado, cajas de compensación), y las reglas cambian dependiendo de dónde salgan los recursos, lo que dificulta su manejo.
De otro lado, el ministerio informó que de las 95 entidades territoriales que debían conformar la bolsa común para el manejo de recursos, solo 6 lo hicieron, por lo que el 93,7 por ciento no utilizó ninguno de los mecanismos para mejorar la distribución de recursos para atender a los niños.
“Debido a las reglas de distribución, competencias y procedimientos inherentes a cada una de las fuentes de recursos usadas para financiar el PAE, la disponibilidad de recursos en las entidades territoriales queda supeditada a la conjugación de múltiples decisiones de distintos órganos y funcionarios, cuya discrecionalidad termina por poner en riesgo la eficiente articulación y coordinación de los actores y el resultado final”, dice el examen de la Contraloría.
Vacíos en contratación
A esa confusión para el manejo de los recursos se suma que, según la Contraloría, el ministerio no dio suficiente capacitación a alcaldías y gobernaciones para poder conformar la bolsa común que debía organizar al PAE.
Otro problema del PAE es la forma como se contrata. En lugar de una licitación, la mayoría de entidades territoriales acuden a figuras como la urgencia manifiesta, contratación directa, subasta, contrato de prestación de servicios, selección abreviada, convenios de asociación, lo que podría tener problemas a la hora de escoger al mejor contratista.
Además, la Contraloría detectó que 68 de las 95 entidades territoriales que reciben recursos para desarrollar el PAE (el 71,5 por ciento) no iniciaron de manera oportuna la prestación del servicio de alimentación escolar en el 2016. Por ejemplo, el servicio dejó de prestarse por más de dos meses en Atlántico, Bucaramanga, Caquetá, Cartagena, Cartago, Cesar, Córdoba, Florencia, Girón, Guaviare, Huila, Ibagué, La Guajira, Lorica, Magangué, Magdalena, Maicao, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Quindío, Santa Marta, Tolima, Vaupés, Vichada y Villavicencio.
Parte del problema radica, según el informe, en que el ministerio gira recursos a las entidades cuando ya está en curso el año escolar y no con anterioridad, lo que dificulta que puedan realizar las contrataciones de manera oportuna.
Aunque la mayoría de recursos se transfirieron en febrero del año pasado (dos meses después de iniciarse el programa), la Contraloría encontró casos como el de Hobo, Huila, y San Francisco, Cundinamarca, en donde los recursos llegaron apenas en agosto.
No obstante decir la ley que los municipios deben reservar recursos para la alimentación escolar, lo cierto es que dependen por lo general de la cofinanciación que hace el Estado. “De acuerdo con el comportamiento evidenciado, la asignación y giro de la cofinanciación del PAE por la Nación fue efectuada de manera fraccionada y tardía”, dice la auditoría.
El ente de control también encontró casos de departamentos y municipios que no están ejecutando los recursos que se les dan para alimentar a los niños, pues el año pasado no se invirtieron 39.465 millones que debían tener esa finalidad. Así, hay zonas como el Guaviare, en donde el 47 por ciento del presupuesto (1.156 millones de pesos) no se invirtió en los menores. Y en Cali no se ejecutaron 18.629 millones de pesos (el 31,1 por ciento de su presupuesto para la alimentación escolar).
Si bien, para la Contraloría, parte de que no se estén usando los recursos tiene que ver con asuntos que no son controlables por los municipios como que no estén todos los estudiantes, no se realicen las jornadas escolares, o por condiciones climáticas que impiden llevar los alimentos, hay otras que sí tienen que ver con la eficiencia del programa, como que los recursos no lleguen a tiempo.
Con este crítico panorama, la auditoría determina que el Ministerio de Educación, que es el coordinador y articulador del PAE, debe iniciar un plan de mejoramiento para solucionar las deficiencias del programa.
Fuente: El Tiempo
