Más de 350 metros cúbicos de material rocoso extraídos sin control y una montaña con pendientes superiores a los 45 grados al borde del colapso son el saldo de una intervención minera clandestina frenada por la autoridad ambiental. En un operativo de control realizado en la vereda Tominé de Blancos, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) impuso una medida preventiva tras hallar una explotación de recebo y arena dentro de un predio donde, irónicamente, se ofertaban servicios de parapente. El hallazgo no solo revela un daño ecológico irreversible a especies de páramo, sino una amenaza directa de remoción en masa en un área protegida.
Explotación al borde del abismo: El daño técnico y ambiental
La intervención dejó al descubierto una operación minera que carecía de cualquier rigor técnico. Los técnicos de la CAR evidenciaron que la extracción de material areno-arcilloso se realizaba sin el diseño de terrazas o taludes, lo que ha generado una inestabilidad estructural en el terreno.
La falta de planificación minera en esta zona de Guatavita ha dejado la ladera expuesta a procesos de erosión severa. Sin vegetación que sostenga la capa superficial, el agua y el viento están deslavando la montaña. "Se observaron pendientes críticas sin manejo adecuado, provocando el rodamiento de material y desprendimientos rocosos que podrían intensificarse con las lluvias o eventos sísmicos", advirtieron los expertos durante la inspección.
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El golpe a la biodiversidad de alta montaña vinculada a Chingaza
Lo que agrava la situación jurídica y ambiental del predio intervenido es su ubicación estratégica. El área se encuentra bajo la zonificación ambiental del POMCA del río Bogotá, categorizada como zona de conservación y protección. Se trata de subzonas de Áreas de Importancia Ambiental (AIA) directamente asociadas al ecosistema del Páramo de Chingaza, vital para la regulación hídrica de la región y de la capital del país.
En un área de 175 metros cuadrados, la remoción de cobertura vegetal afectó especies nativas fundamentales, tales como:
- Frailejones (Espeletia grandiflora): Reguladores hídricos esenciales de la alta montaña.
- Puyas y Ericáceas: Plantas clave para el equilibrio del suelo y refugio de fauna.
- Hypericum sp: Especie nativa desplazada por la actividad minera.
- Pino pátula: Cuya remoción sin plan de manejo altera el ciclo de nutrientes.
Riesgo hídrico y falta de infraestructura técnica
La ausencia de obras de ingeniería para el control de aguas lluvias es uno de los puntos más críticos señalados por la autoridad. Según Josué Camacho, director regional de Almeidas y Guatavita, la falta de zanjas de coronación, canales perimetrales y sedimentadores incrementa exponencialmente el riesgo de que el material particulado llegue a las fuentes hídricas cercanas, contaminándolas con sedimentos.
Este tipo de minería "de patio", realizada sin títulos ni permisos, no solo evade las responsabilidades fiscales, sino que transfiere el costo del desastre ambiental a la comunidad. La CAR ha reiterado que las sanciones para quienes afecten la estabilidad del suelo y la calidad del agua en zonas de protección serán rigurosas, en un esfuerzo por preservar los ecosistemas de Cundinamarca en el marco de los 65 años de la entidad.
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Consecuencias de la actividad minera sin permisos:
- Inestabilidad geológica: Alto riesgo de deslizamientos sobre predios vecinos.
- Contaminación de cuencas: Arrastre de sedimentos hacia el río Bogotá.
- Pérdida de servicios ecosistémicos: Degradación de suelos protegidos por el POMCA.
- Sanciones legales: Procesos administrativos y penales por aprovechamiento ilícito de recursos.
La protección de los cerros de Guatavita es una responsabilidad compartida, pero el control institucional es la última barrera contra la depredación del paisaje. Es fundamental que los ciudadanos verifiquen la legalidad de los predios donde realizan actividades recreativas y denuncien cualquier movimiento de tierra sospechoso para evitar que la montaña se siga desmoronando bajo el peso de la ilegalidad.
