Según el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Néstor Franco la Procuraduría lo sancionó con destitución e inhabilidad por haber firmado un convenio interadministrativo en el que no existían estudios definitivos para la obra, y no expondrá a ir en contravía de ese criterio
Las irregularidades encontradas por la Procuraduría en el contrato suscrito entre la Alcaldía de Chía y Empresa de Servicios Públicos de ese municipio (Emserchía), para realizar la construcción de la Ptar Chía 2, fue una de las razones por las cuales la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) tomó la decisión de no aportar los $1,5 billones que se tenían previstos para el desarrollo de la Ptar Canoas.
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Según Franco, si lo destituyen por un convenio que se hizo con base en estudios que se preveía tenían que ser revisados al ejecutar la obra, y la Procuraduría estima que eso no puede pasar, él no se puede exponer a firmar actos similares. “No puedo firmar un convenio que tengo en el escritorio en borrador, hasta que la segunda instancia confirme la opinión de la Procuraduría”, dijo.
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En la misma situación están las plantas de Villapinzón, Suesca, Sopó, Pasca y Girardot”, contó Franco al anunciar su decisión. “Es una tragedia para el río Bogotá”, afirmó. En todos ellos estaba prevista una fase de revisión y ajuste de diseños.
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En el cronograma de las obras se tenía previsto que la primera fase de la Ptar Canoas se entregaría en 2023. En ese momento se iniciaría el tratamiento de aguas residuales con ocho metros cúbicos por segundo, pues sería hasta 2025 cuando toda la infraestructura estaría lista con una capacidad total de 16 metros cúbicos por segundo.
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