La Procuraduría General de la Nación realizó un llamado a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a gestionar y participar del diálogo constructivo con los 13 pueblos indígenas asentados en el Parque Nacional desde hace 20 días
Para la Procuraduría “es pertinente recomendarle la debida gestión y apertura al diálogo” en atención a la solicitud de las comunidades indígenas, cuya demanda social se deriva de las acciones concertadas y protocolizadas con la Secretaría Distrital de Gobierno en el Plan de Desarrollo Distrital “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI 2020 - 2024", mediante el cual se determinó el enfoque diferencial étnico.
Según lo establecido en dicho plan “se realizará el proceso de concertación y construcción conjunta con los pueblos y comunidades étnicas asentados en el Distrito, que conduzca a la inclusión de programas, planes y proyectos específicos; metas, indicadores, tiempos, responsables y asignación presupuestal dirigidos a la población étnicamente diferenciada”.
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El ente de control recuerda el deber que le corresponde a la alcaldesa de “cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo”, al igual que de los planes de las entidades territoriales que se adopten con el fin de garantizar el uso eficiente de los recursos y el desempeño adecuado de sus funciones.
Retorno, reubicación e integración de los pueblos indígenas
La Procuraduría Distrital de Bogotá y la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos lideraron este martes una mesa de trabajo institucional con la Unidad para las Víctimas, Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo y Personería de Bogotá, para verificar los avances frente al retorno, reubicación e integración de los pueblos indígenas.
En cumplimiento de su función preventiva, el Ministerio Público instó a un trabajo articulado y solicitó el cronograma de actividades que las dos entidades gubernamentales tienen previstas para la atención de estas comunidades, con la finalidad de ejercer vigilancia y control al plan de acción a seguir.
La petición del órgano del control se hace “en aras de velar por las garantías mediante las cuales el Estado otorga protección especial a la vida digna, salvaguarda de los derechos fundamentales, integridad y pervivencia física y cultural de los pueblos étnicos”.
