El anuncio del Gobierno Nacional sobre la devolución de más de $1,05 billones a ciudadanos por fotomultas presuntamente irregulares desató una fuerte controversia jurídica y política en Colombia. Aunque la medida fue presentada como una acción histórica para reparar cobros indebidos, expertos en derecho administrativo y tránsito advierten que el proceso podría no prosperar y que, incluso, sería “jurídicamente imposible” en las condiciones actuales.
Las dudas se centran en la aplicación retroactiva de la Ley 2251 de 2022, norma que sustenta las investigaciones adelantadas por la Superintendencia de Transporte contra 37 organismos de tránsito del país.
Según especialistas consultados, dicha ley no puede aplicarse sobre hechos ocurridos entre 2018 y 2020, pues violaría el principio constitucional de irretroactividad de la ley sancionatoria.
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Exmagistrado asegura que no hay posibilidad legal de devolver el dinero
Uno de los pronunciamientos más contundentes fue el del abogado César Lorduy, quien afirmó que actualmente no existe ninguna base jurídica que permita ordenar devoluciones masivas de dinero por fotomultas.
“No hay la más mínima posibilidad jurídica”
Lorduy sostuvo que ni hoy, ni en los próximos años, existe una orden legal que permita exigir a las autoridades de tránsito la devolución de recursos ya recaudados por comparendos.
El jurista explicó que la Superintendencia apenas está iniciando investigaciones administrativas y que todavía no existe ninguna sanción definitiva contra los organismos señalados.
Además, recordó que los procesos administrativos sancionatorios podrían extenderse entre dos y tres años debido a:
- Recursos jurídicos de defensa
- Discusiones sobre caducidad
- Debate sobre retroactividad de la ley
- Revisión de requisitos técnicos de las cámaras
- Posibles demandas judiciales posteriores
Para Lorduy, el anuncio tendría un fuerte componente político y generaría expectativas ciudadanas que difícilmente podrían materializarse.
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El principal problema sería la retroactividad de la Ley 2251
El centro de la discusión jurídica está en el artículo 158A de la Ley 2251 de 2022, conocida como Ley Julián Esteban.
La norma establece sanciones para autoridades de tránsito que hayan instalado cámaras de fotodetección sin cumplir requisitos técnicos y de seguridad vial.
Sin embargo, el problema radica en que la ley entró en vigencia en julio de 2022, mientras que los hechos investigados ocurrieron años antes.
Expertos advierten choque con principios constitucionales
Aunque el Gobierno anunció reembolsos por más de un billón de pesos, expertos aseguran que eso podría ser jurídicamente imposible.
Juristas señalan que el Estado no puede imponer sanciones utilizando normas posteriores a los hechos investigados.
El principio de irretroactividad protege precisamente que nuevas disposiciones legales no afecten situaciones jurídicas consolidadas en el pasado.
De acuerdo con los analistas, las autoridades de tránsito podrían argumentar:
- Caducidad de la facultad sancionatoria
- Imposibilidad de aplicar normas posteriores
- Derogatoria de requisitos técnicos anteriores
- Vulneración del debido proceso
Estas defensas podrían debilitar significativamente las investigaciones anunciadas por el Gobierno.
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Bogotá y Asocapitales cuestionan el procedimiento del Gobierno
La polémica también escaló al plano institucional. La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá confirmó que fue notificada oficialmente horas después de que el Gobierno hiciera pública la investigación.
El hecho generó críticas por presuntas irregularidades en el debido proceso administrativo.
“No existe devolución inmediata ni anulación automática”
En un comunicado oficial, Bogotá aclaró que actualmente no existe ninguna decisión definitiva sobre anulación de comparendos o devolución de recursos.
La entidad enfatizó que:
- Apenas inició una investigación administrativa
- No hay sanciones en firme
- No existe listado definitivo de comparendos afectados
- Los ciudadanos siguen obligados a cumplir los procesos legales vigentes
Por su parte, Asocapitales pidió al Gobierno abrir espacios de diálogo institucional y revisar técnicamente el alcance de las medidas anunciadas.
Expertos reconocen abusos, pero defienden las cámaras de fotodetección
El experto en tránsito Héctor Cáseres reconoció que en algunos municipios se presentaron abusos en la implementación de cámaras de fotomultas.
No obstante, defendió la utilidad de estos sistemas para controlar infracciones y reducir riesgos viales.
El problema estaría en la implementación y no en la herramienta
Según Cáseres, muchas irregularidades estarían relacionadas con:
- Mala señalización
- Instalaciones injustificadas
- Comparendos enviados a placas y no a conductores
- Uso excesivo en municipios pequeños
Aun así, insistió en que las cámaras sí cumplen una función importante para controlar conductas peligrosas en las vías.
Superintendencia mantiene investigaciones y anuncia más procesos
El superintendente Alfredo Piñeros defendió la legalidad de las actuaciones y confirmó que las investigaciones continuarán.
Además de los 37 organismos inicialmente señalados, el Gobierno anunció nuevas revisiones sobre cientos de cámaras adicionales en todo el país.
Beneficios clave que busca el Gobierno con las investigaciones
- Revisar posibles abusos en fotomultas
- Garantizar transparencia en sistemas de fotodetección
- Fortalecer controles técnicos y legales
- Proteger derechos de conductores
- Mejorar confianza ciudadana en sanciones de tránsito
La promesa de devolver más de $1 billón por fotomultas irregulares abrió un debate jurídico, político y administrativo de enormes proporciones en Colombia.
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Aunque el Gobierno insiste en avanzar con las investigaciones, expertos advierten que los obstáculos legales podrían impedir devoluciones masivas y prolongar los procesos durante años.
Mientras tanto, millones de conductores permanecen atentos al desenlace de una controversia que podría redefinir el futuro de las fotomultas en el país y poner a prueba los límites jurídicos de las autoridades de tránsito.
