El derecho a la tierra en Colombia ha sido, históricamente, una promesa de difícil cumplimiento. Sin embargo, el inicio de este 2026 marca un hito administrativo que busca romper la inercia burocrática en el centro del país. Durante el primer Subcomité Departamental de Restitución de Tierras del año, la Defensoría del Pueblo lideró la construcción de una hoja de ruta que no solo busca tramitar expedientes, sino transformar la vida de las familias campesinas en Cundinamarca.
Este espacio, que congrega a las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), no fue una reunión protocolaria más. El objetivo fue claro: la aprobación del Plan Operativo Anual (POA), un documento técnico que funcionará como la brújula estratégica para asegurar que la política pública de restitución no se quede en las oficinas de Bogotá, sino que camine los senderos de las provincias más golpeadas por la violencia.
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Un enfoque de descentralización: El Estado llega a la vereda
La gran apuesta de este 2026 es la descentralización. El subcomité reconoció que la justicia transicional solo es efectiva si las autoridades están presentes donde las víctimas residen. Por ello, el cronograma de actividades aprobado prioriza el acercamiento institucional a las comunidades, eliminando las barreras geográficas que suelen revictimizar a quienes buscan recuperar su patrimonio.
La estrategia se fundamenta en que el retorno a la tierra no puede ser un acto solitario del campesino. Debe ser un proceso acompañado por la oferta estatal integral, garantizando servicios básicos, seguridad y proyectos productivos que hagan sostenible el regreso al campo.
Rionegro bajo la lupa: La prioridad en Yacopí y La Palma
Dentro de la geografía del departamento, la provincia de Rionegro se sitúa como el epicentro de las acciones de seguimiento. La Defensoría del Pueblo ha puesto especial atención en dos municipios que cargan con el peso de la historia y el compromiso judicial: Yacopí y La Palma.
Las cifras son contundentes y exigen una respuesta inmediata. En Yacopí se registran 50 sentencias de restitución, mientras que en La Palma la cifra asciende a 119. Estos fallos judiciales no son solo documentos legales; representan a 169 familias que esperan que el Estado verifique y haga seguimiento al cumplimiento de sus derechos. La labor de la Defensoría será actuar como garante para que estas órdenes de los jueces se traduzcan en una realidad transformadora.
El reto de la verificación y el seguimiento integral
El Plan Operativo Anual permitirá coordinar esfuerzos para que la restitución sea plena. No se trata simplemente de entregar un título de propiedad. El reto para 2026 radica en la verificación post-fallo: ¿Tienen estas familias acceso a vías?, ¿Cuentan con apoyo para sus cultivos?, ¿Existe un entorno de seguridad jurídica y física?
La Defensoría del Pueblo ha sido enfática en que su rol es vigilar que el SNARIV cumpla con cada componente de la reparación. El acceso a la justicia transicional en Cundinamarca entra así en una etapa de ejecución crítica, donde la eficiencia técnica del POA será la medida del éxito de la política de paz territorial en el departamento.
Con esta hoja de ruta, Cundinamarca busca consolidarse como un modelo de gestión en la restitución de tierras, demostrando que la reparación integral es el camino más corto hacia la reconciliación nacional.
