La Procuraduría General de la Nación citó a juicio disciplinario al alcalde de Chía, Leonardo Donoso Díaz, y al secretario de Obras Públicas, Jorge Wilmar Torres Porras
Se dieron presuntas irregularidades en la licitación pública para la operación, administración, mantenimiento, modernización y/ expansión del sistema de alumbrado público del municipio por más de $14.700 millones de pesos.
Se cuestionó al mandatario territorial que, entre los meses de octubre y diciembre de 2018, participó en la actividad precontractual, y contractual del proceso licitatorio No. 028 de 2018, al parecer, con desconocimiento de los principios de economía, planeación, responsabilidad y transparencia, y el deber de selección objetiva, toda vez que, en su condición de representante legal, ordenador del gasto, y responsable de la dirección del proceso, pudo incurrir en presunta falta disciplinaria al no garantizar, controlar y verificar los documentos que preceden la selección del contratista.
Adicionalmente, formuló cargos por adjudicar el proceso con supuestas falencias en la determinación de los costos para la prestación del servicio de alumbrado, y como consecuencia de tal decisión suscribió con presuntas irregularidades el contrato de concesión No. 635 de 2018.
El órgano de control también reprochó a Donoso Díaz y al secretario de Obras Públicas por qué habrían aprobado los documentos precontractuales “Análisis de Sector” y “Estudios Previos”, con irregularidades en cuanto a requisitos financieros, de experiencia general y específica, en contravía de las disposiciones que lo regulan y restringiendo, al parecer, la concurrencia de otras empresas.
El órgano de control calificó la presunta falta de los investigados como gravísima a título de culpa gravísima por desatención elemental.
Las desiciones tomadas por parte de la Procuraduría
Se ordenó remitir copia de la decisión a la Superintendencia de Industria y Comercio por existir una posible vulneración de la libre competencia.
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Como medida preventiva, se solicitó a la alcaldía adelantar las acciones administrativas y judiciales para suspender los actos y negocios jurídicos que se hayan fundamentado en los documentos precontractuales, para lo cual deberá iniciar, si lo estima procedente, las medidas necesarias.
Para el seguimiento y vigilancia de la presente solicitud se remitió copia de esta citación a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.
