La evolución acelerada de la inteligencia artificial (IA) representa uno de los avances tecnológicos más disruptivos del siglo XXI. Sin embargo, junto a sus beneficios, también ha abierto la puerta a uno de los fenómenos más preocupantes de la era digital: los deepfakes, contenidos audiovisuales falsos que manipulan rostros y voces con una precisión cada vez más difícil de detectar.
Esta tecnología permite superponer la cara de una persona sobre el cuerpo de otra, clonar registros vocales o generar declaraciones, escenas íntimas o actos delictivos completamente inexistentes. Lo que en algunos casos se presenta como una broma o un ejercicio satírico, puede convertirse rápidamente en una herramienta de fraude, extorsión o daño reputacional.
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En Colombia, este riesgo dejó de estar en un limbo jurídico. Con la entrada en vigor de la Ley 2502 de 2025, el país dio un paso clave para enfrentar la suplantación de identidad mediante inteligencia artificial, estableciendo consecuencias penales claras para quienes utilicen estas tecnologías con fines ilícitos.
Deepfakes: de la curiosidad tecnológica al delito digital
El uso malintencionado de la IA ya no es un fenómeno aislado. Casos de estafas a través de audios falsificados, videollamadas simuladas o montajes que comprometen la imagen pública de personas comunes y figuras públicas se han multiplicado en los últimos años.
Hasta hace poco, muchos de estos hechos enfrentaban dificultades para ser judicializados por la ausencia de una tipificación penal específica. La Ley 2502 de 2025 modificó el artículo 296 del Código Penal, estableciendo que la suplantación de identidad realizada con herramientas de inteligencia artificial será considerada falsedad personal.
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La norma señala que, cuando se manipulen registros de identidad mediante IA, “la multa se aumentará hasta en la tercera parte, siempre que la conducta no constituya otro delito”. Con esto, el uso de tecnología avanzada deja de ser un atenuante y pasa a ser un agravante legal.
Ley vs. tecnología: el reto institucional
Más allá de la sanción al infractor, la nueva legislación también impone responsabilidades a las instituciones del Estado. Luis José Ribero Tobar, director del consultorio jurídico de la Universidad Central, explicó al medio Asuntos Públicos que esta reforma legal “impulsará la capacitación técnica de fiscales, jueces y policías”, un aspecto clave para garantizar la correcta recolección y preservación de la evidencia digital.
La norma obliga además a la Fiscalía General de la Nación a garantizar la trazabilidad de los casos en los que se utilice inteligencia artificial para cometer falsedad personal, manteniendo registros detallados sobre las metodologías empleadas y el impacto del delito.
La imagen y la voz: datos protegidos por la ley
El rostro y la voz forman parte de los datos biométricos de identidad, por lo que están protegidos por la legislación colombiana y las normas de habeas data. Según la Ley 23 de 1982, su uso indebido puede constituir una infracción legal, especialmente cuando se emplean para cometer estafas u otros delitos.
Incluso en ausencia de un beneficio económico directo, la creación de deepfakes puede generar responsabilidad civil. El derecho a la imagen está protegido por la Constitución y el Código Civil, y su uso no autorizado puede derivar en demandas por daños y perjuicios. En este contexto, ni siquiera las llamadas “bromas” o “caricaturas digitales” están exentas de consecuencias legales.
Recientemente, la polémica se intensificó a nivel internacional tras conocerse que Grok, la inteligencia artificial de X (antes Twitter), permitía generar deepfakes de una persona simplemente mediante una solicitud acompañada de una imagen.
¿Cómo evitar ser víctima de un deepfake?
Expertos en ciberseguridad recomiendan desconfiar de llamadas, audios o videollamadas que soliciten dinero de manera urgente, incluso si la voz parece idéntica a la de un familiar. Establecer palabras clave de seguridad dentro del círculo cercano puede ser determinante para verificar identidades.
En caso de ser víctima, la denuncia debe realizarse de inmediato ante la Fiscalía General de la Nación o la Policía de Ciberdelitos. Es fundamental no borrar la evidencia: conservar enlaces, capturas de pantalla y archivos originales. La nueva ley obliga a las autoridades a contar con protocolos de respuesta y herramientas tecnológicas para la detección de estos fraudes.
Además, limitar el acceso a redes sociales y restringir la visibilidad de fotos personales puede reducir significativamente el riesgo de que estas tecnologías sean utilizadas de forma indebida.
