Empezó la controversia alrededor del proyecto de decreto que delimita la llamada Línea Negra, en la Sierra Nevada de Santa Marta, el cual aumentaría los “espacios sagrados” protegidos dentro de este territorio
Lo que generó nerviosismo fue el borrador del decreto que el Ministerio del Interior subió a su página web, en el cual se observan nuevos reconocimientos a los ancestrales.
El texto del decreto, que reposaba en la oficina jurídica de la Casa de Nariño desde hace varios meses y será firmado por el presidente Juan Manuel Santos la próxima semana, incrementaría la zona protegida de 54 a 348 los “espacios sagrados”. Pero el ministro del Interior, Guillermo Rivera, aclaró el viernes que “esto no significa que estos sitios se conviertan en territorio indígena ni que se vaya a afectar la propiedad privada”.
La Línea Negra “es una zona de especial protección, debido al valor espiritual y cultural que tiene para cuatro pueblos indígenas: koguis, wiwas, arhuacos y kankuamos”, según se lee en la sentencia de la Corte Constitucional que ordena su protección, y comprende territorio de tres departamentos: Cesar, La Guajira y Magdalena.
Esta área fue delimitada por primera vez en 1973, cuando una resolución del entonces Ministerio de Gobierno creó la Sei Shizha (Línea Negra) con 39 puntos sagrados en su interior.
Pero la polémica comenzó en 2014, cuando Rogelio Mejía Izquierdo, gobernador arhuaco, instauró una acción de tutela contra la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), que había otorgado una licencia para explotar un yacimiento de materiales de construcción dentro de la Línea Negra, “sin haberse practicado el procedimiento de consulta previa”.
La Corte Constitucional le dio la razón a Mejía, le quitó la licencia ambiental de esta explotación a Corpocesar y concedió “los derechos fundamentales a la autodeterminación, a la subsistencia, a la diversidad étnica y a la consulta previa” de las comunidades éticas que habitan este territorio.
Santos dijo esta semana que el decreto “no les está dando autoridad ambiental a los indígenas” y que “cualquier insinuación sobre esto se quitó del texto”.
En el decreto se determinan 348 “espacios sagrados” dentro de la Línea Negra . Entre estos se incluyen lugares emblemáticos como la plaza Alfonso López, el pozo Hurtado en el río Guatapurí, la iglesia de La Concepción, la bahía de Santa Marta y las playas de Riohacha.
Un grupo de 10 gremios envió una carta a Santos para protestar porque “no se conocen los criterios técnicos utilizados para la ampliación de la Línea Negra” y que esta nueva delimitación tendría “un efecto económico y social adverso”.
Autoridades de los tres departamentos que hacen parte de la Línea Negra manifestaron su preocupación por la posible injerencia que tendrían las comunidades indígenas en los planes de desarrollo municipales.
Germán Arce, ministro de Minas y Energía, envió otra comunicación al Ministerio del Interior en la que manifiesta esta misma preocupación. “Los recursos naturales no renovables son propiedad del Estado. No puede considerarse oportuno que los pueblos indígenas puedan tener facultades para limitar su uso y aprovechamiento”, explicó.
Julio Suárez, director de Corpocesar, considera que aunque le falta claridad al decreto, “en el marco de la competencia lo deja todo en el campo legal vigente. Es decir que las autoridades ambientales y entes territoriales siguen teniendo competencia dentro del territorio”.
El presidente Santos estuvo ayer en la Sierra Nevada, y aunque hubo versiones en el sentido de que el decreto sería divulgado con motivo de su visita, la Casa de Nariño hizo saber que esta decisión se pospuso para la próxima semana con el propósito de tener tiempo para hacer las respectivas modificaciones.
Fuente: El Tiempo
