La Comisión Primera de la Cámara de Representantes ha dado un paso determinante en la política de drogas del país al aprobar el proyecto de ley que busca regular el cannabis de uso adulto. Más allá de la despenalización, esta iniciativa se presenta bajo una lógica estrictamente económica y tributaria, planteando la creación de un gravamen específico que busca formalizar un mercado que, hasta hoy, opera bajo el control de estructuras ilegales.
Un gravamen del 20%: El costo de la legalidad
El núcleo financiero del proyecto establece un impuesto al consumo del 20% sobre el precio bruto de venta del cannabis y sus derivados. No obstante, el articulado contempla una cláusula de flexibilidad estratégica: el Gobierno Nacional tendría la facultad de disminuir esta tasa si se identifica que los precios del mercado ilegal siguen siendo más atractivos para el consumidor. El objetivo es evitar que una carga tributaria excesiva termine oxigenando el contrabando en lugar de erradicarlo.
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Destinación social del recaudo
A diferencia de otros tributos, el recaudo derivado de la marihuana recreativa tendría una destinación específica y obligatoria para mitigar el impacto del consumo y fortalecer el tejido social:
- Salud y Reinserción (25%): Recursos destinados a instituciones públicas para el tratamiento de consumidores problemáticos y programas para habitantes de calle.
- Educación Preventiva (25%): Financiamiento de campañas en colegios y secretarías de educación sobre los efectos nocivos de las sustancias psicoactivas.
Inclusión social y control estatal: De la semilla a la venta
Uno de los pilares del representante Alejandro Ocampo es la justicia social para comunidades históricamente afectadas por el conflicto. Por ello, el proyecto reserva el 70% de las licencias de cultivo para comunidades campesinas, grupos étnicos y víctimas del conflicto. Además, se exige que al menos la mitad de la flor distribuida legalmente provenga de asociaciones vinculadas a estas poblaciones.
El sistema de vigilancia tecnológica
Para garantizar que el mercado legal no se filtre hacia la ilegalidad, el Estado implementaría un robusto sistema de trazabilidad:
- Monitoreo de cada gramo de cannabis mediante códigos de barras desde la siembra hasta el consumidor final.
- Creación de dispensarios, clubes privados y cafés cannábicos autorizados.
- Habilitación de compras virtuales con validación de identidad supervisada por el Ministerio de Justicia.
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Puntos clave de la nueva regulación
La transición hacia un mercado controlado ofrece beneficios estructurales que el proyecto busca consolidar:
- Sustitución de rentas ilícitas: Traslado de la comercialización informal a un sistema donde el Estado ejerce control sanitario y fiscal.
- Formalización productiva: Conversión de cultivos ilegales en actividades económicas reguladas y protegidas por la ley.
- Seguridad para el consumidor: Acceso a productos con trazabilidad y controles de calidad, restringido estrictamente a mayores de edad.
- Fortalecimiento fiscal: Generación de nuevos ingresos para las entidades territoriales sin aumentar impuestos a productos básicos.
El desafío en el Congreso
Aunque el avance en la Comisión Primera es significativo, el debate retoma una senda que ya ha fallado en instancias superiores anteriormente, como ocurrió en junio de 2023. La diferencia actual radica en el enfoque de "recaudo fiscal y sustitución de rentas", una narrativa que busca convencer a los sectores más moderados del legislativo sobre la necesidad de regular un vacío legal que hoy solo beneficia a las mafias. El avance de este proyecto marcará un hito en la historia económica y social de la región.
