Ante la inminente lluvia de demandas que generaría el no incremento de las tarifas de peajes a cargo del Instituto Nacional de Vías- INVIAS- y de la Agencia Nacional de Infraestructura- ANI-, la Procuraduría prendió las alarmas y expresó su preocupación ante los muchos proyectos de infraestructura de transporte vial que podrían ponerse en riesgo.
El Ministerio Público advierte que la decisión tomada de no incrementar los precios en 30 estaciones de INVIAS y en 113 de la ANI, por parte del Gobierno Nacional a través del Decreto 0050 del 15 de enero de 2023, es un riesgo en la gestión pública y las finanzas de todos los colombianos.
La Procuraduría se encuentra de acuerdo con los análisis financieros realizados por FEDESARROLLO frente al no reajuste de las tarifas, que para este año era del 13 por ciento, generará un detrimento para los concesionarios de un billón de pesos para el 2023 y, además, un déficit fiscal que podría conllevar a una obligación adicional para el Estado y todos los colombianos, de cubrir dichos recursos hasta alcanzar un nivel de cerca de $13,8 billones al año 2040.
Ante la incertidumbre, la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia de la Función Pública requirió al INVIAS y a la ANI para que expliquen qué planes de contingencia asumieron para garantizar el equilibrio económico de los contratos.
Asimismo, el ente de control solicitó respuestas sobre las gestiones que se han realizado, por parte de la ANI, para que se aporten los recursos correspondientes al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales que, de no hacerlas, podría afectar su liquidez.
En sus acciones preventivas, el Ministerio Público busca garantizar el desarrollo de la infraestructura vial en el país y evitar cuantiosas demandas que recaerán en los contribuyentes.
