No es una cifra fría. Son casi 600 niños, niñas y adolescentes que cada mañana llegan a clase con una preocupación que no debería existir en un entorno escolar: el aire que respiran.
En el municipio de La Mesa, Cundinamarca, la situación que enfrenta la comunidad educativa de la Institución Educativa Departamental Sabio Mutis (IEDSM), sede antigua, ha encendido las alarmas institucionales tras denuncias por presuntas emisiones de gases tóxicos y olores fuertes provenientes de una infraestructura de la empresa Vanti ubicada frente al plantel.
La Defensoría del Pueblo decidió trasladarse al territorio. No para escuchar versiones a distancia, sino para sentarse en mesas técnicas con autoridades, padres de familia, docentes y estudiantes y documentar lo que podría convertirse en un caso emblemático sobre el derecho a un ambiente sano en Colombia.
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¿Qué está ocurriendo en La Mesa?
De acuerdo con la información recopilada durante las jornadas de verificación, estudiantes y profesores han reportado episodios de malestar físico, dolores de cabeza, náuseas e irritación, además de un ambiente de incertidumbre constante ante la posible exposición a gases.
Aunque aún no existe un pronunciamiento definitivo sobre la naturaleza de las emisiones, la preocupación radica en que la infraestructura señalada pertenece a la empresa Vanti y se encuentra justo frente a la institución educativa.
La Defensoría lideró espacios de diálogo con la Alcaldía de La Mesa, la Gobernación de Cundinamarca, la Corporación Autónoma Regional (CAR) y el Hospital de La Mesa, con el fin de evaluar diagnósticos ambientales y medidas de protección adoptadas.
Una escuela que no puede operar con normalidad
La Defensoría del Pueblo ya intervino y el caso está en revisión de la Corte Constitucional.
La institución actualmente funciona en su sede antigua, tras trabajos de adecuación. Sin embargo, el espacio reducido obligó a implementar un sistema de rotación académica para evitar el hacinamiento.
Esto significa que no todos los estudiantes pueden asistir diariamente a clases, afectando el proceso formativo de cientos de menores.
Según cifras del Ministerio de Educación, en Colombia más de 9 millones de estudiantes dependen del sistema público, y garantizar condiciones adecuadas de infraestructura y ambiente es una obligación estatal respaldada por el artículo 44 de la Constitución, que protege de manera reforzada los derechos de los menores.
La tutela ya está en la Corte Constitucional
La Defensoría del Pueblo interpuso una acción de tutela que fue seleccionada por la Corte Constitucional el pasado 31 de octubre para revisión. El alto tribunal ya adelanta práctica de pruebas para determinar responsabilidades y medidas estructurales.
La entidad reiteró que el derecho a la vida, la salud y la educación en condiciones seguras no es negociable, especialmente tratándose de población infantil.
Expertos en salud ambiental consultados en casos similares señalan que la exposición prolongada a ciertos gases industriales puede generar efectos respiratorios y neurológicos, dependiendo de la concentración y duración del contacto.
Ambiente sano: un derecho constitucional
El artículo 79 de la Constitución Política de Colombia establece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano. En el caso de menores de edad, esta garantía adquiere carácter prioritario.
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Mientras avanzan las investigaciones técnicas, la comunidad educativa de La Mesa espera respuestas claras, mediciones transparentes y decisiones que permitan que el colegio sea lo que siempre debió ser: un espacio de aprendizaje y tranquilidad, no de incertidumbre.
La Defensoría anunció que continuará suministrando información actualizada a la Corte Constitucional y acompañando el proceso hasta que se adopten medidas definitivas.
