Contralor de Cundinamarca, Ricardo López Arévalo, convocará a mesas de trabajo con las autoridades nacionales, departamentales y locales para evitar la fragmentación de la zona de reserva forestal de la cuenca alta del Río Bogotá
Torres y líneas de alta tensión que pretenden pasar por una zona de reserva forestal que afectan a ocho municipios de Cundinamarca (Cogua, Gachancipá, Nemocón, Sesquilé, Suesca, Subachoque, Tabio y Zipaquirá); manejo de las escombreras y audiencia verbal por presuntas irregularidades en la inversión, construcción y puesta en funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR I, en Chía, son temas que concentran la atención de la Contraloría departamental.
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Con este anuncio el contralor de Cundinamarca, Ricardo López Arévalo, en desarrollo de la 16° Audiencia Pública de control Social en la Provincia Sabana Centro, y en calidad de presidente de la Comisión Regional de Moralización, Bogotá-Cundinamarca explicó que convocará a mesas de trabajo con las autoridades nacionales, departamentales y locales para evitar la fragmentación de la zona de reserva forestal de la cuenca alta del Río Bogotá, que reclama la comunidad en el caso de la instalación de torres y líneas de alta tensión que establece el proyecto Chivor II y Norte 230Kv, a cargo del Grupo Energía de Bogotá (GEB).
También señaló que frente a la problemática que generan las escombreras con la cantidad de residuos sólidos que se abandonan en estos lugares, convocó a mesas de trabajo a las autoridades ambientales como la Corporación Autónoma Regional, CAR y alcaldes de los municipios afectados, entre otros, para que de común acuerdo se estructuren proyectos viables que pongan freno a esta situación ilegal.
Dio a conocer que actualmente se realizan audiencias verbales en el proceso fiscal que se adelanta por la inversión, construcción y puesta en funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR I, en Chía, para lo cual invitó a los habitantes del municipio a realizar el debido seguimiento a este caso, que al ser abordado en la Comisión Regional de Moralización, Bogotá- Cundinamarca se articularon los otros organismos de control como la Procuraduría General de la Nación que dio a conocer un pliego de cargos y la Fiscalía General realizó imputaciones contra el ex alcalde Guillermo Varela Romero y otros funcionarios de su administración.
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