Durante años, dos instituciones educativas de Zipaquirá tuvieron que convivir con una situación que afectaba directamente los espacios destinados a los estudiantes. Ahora, una intervención de la Procuraduría permitió recuperar áreas que habían dejado de cumplir su función.
La actuación preventiva benefició a cerca de 1.341 niños, niñas y adolescentes, con resultados concretos en alimentación, recreación y actividades escolares.
Los espacios que volvieron a los estudiantes
La Procuraduría General de la Nación intervino en las instituciones educativas Santiago Pérez y La Granja, luego de identificar situaciones que habían reducido o limitado áreas destinadas al bienestar de la comunidad educativa.
El objetivo fue proteger los derechos de los menores y garantizar que los colegios contaran nuevamente con espacios adecuados para actividades de alimentación, deporte, recreación y formación.
Los resultados fueron diferentes en cada institución, pero tuvieron un punto en común: áreas que habían perdido su propósito regresaron al servicio de los estudiantes.
Entre los principales resultados están:
- Recuperación de espacios para alimentación escolar.
- Restablecimiento de áreas destinadas a recreación y descanso.
- Beneficio directo para cerca de 1.341 estudiantes.
- Seguimiento institucional a las condiciones de los colegios.
- Acciones administrativas frente a una construcción irregular.
Santiago Pérez: el comedor que volvió a funcionar
Uno de los casos más llamativos ocurrió en la Institución Educativa Santiago Pérez, donde el antiguo comedor escolar de la sede Carrusel estaba siendo utilizado desde 2020 por la Liga de Tenis de Mesa de Cundinamarca.
La Procuraduría asumió un papel de mediación y promovió mesas de trabajo entre las diferentes entidades y actores involucrados para buscar una solución.
El proceso incluyó a la Alcaldía, la Secretaría de Educación, el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte, la Personería, directivos y padres de familia, entre otros.
Más de 1.000 estudiantes recuperaron un espacio clave
Después de las gestiones adelantadas, el comedor fue recuperado y adecuado para entrar nuevamente en funcionamiento durante la primera semana de julio de 2026.
El cambio permitió retomar la preparación de alimentos en sitio para más de 1.000 estudiantes, además de recuperar el espacio para actividades escolares.
Y aquí aparece uno de los aspectos más importantes del caso: no se trataba únicamente de recuperar un salón.
El comedor representa un espacio asociado con la alimentación escolar y, por tanto, con las condiciones básicas que necesitan los estudiantes durante su jornada educativa.
La Granja: una construcción terminó afectando el patio
Sin embargo, esto no fue todo.
En la Institución Educativa La Granja, sede Santa Isabel, parte del patio utilizado por los estudiantes para descanso y recreación había sido ocupada por la ampliación irregular de un salón perteneciente a la Junta de Acción Comunal.
La situación generó preocupación por las condiciones de seguridad y por la reducción de las áreas disponibles para los alumnos.
La Procuraduría alertó a la administración municipal sobre los riesgos de la obra y promovió las actuaciones administrativas correspondientes.
Una sanción de $159,5 millones
El proceso terminó con una actuación policiva por infracción urbanística.
Como resultado, se ordenó la demolición de la construcción y se impuso a la Junta de Acción Comunal una multa de $159.500.000.
La recuperación del espacio permitió mejorar las condiciones para la recreación y el desarrollo integral de cerca de 341 estudiantes.
Más allá de una disputa por espacios
La verdadera importancia de estas actuaciones está en un aspecto que puede pasar inadvertido: los espacios físicos también hacen parte de las condiciones de calidad de la educación.
Un comedor que deja de utilizarse para preparar alimentos o un patio que pierde superficie para el descanso modifica la experiencia diaria de cientos de estudiantes.
En este caso, la intervención preventiva buscó precisamente evitar que esas situaciones terminaran afectando de manera permanente los derechos de los menores.
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¿Qué deja este caso para Zipaquirá?
La recuperación de estos espacios también pone sobre la mesa la necesidad de mantener controles sobre el uso de la infraestructura educativa.
Para las instituciones y administraciones locales, esto implica revisar periódicamente:
- El uso real de los espacios escolares.
- Las condiciones de seguridad de las instalaciones.
- La disponibilidad de áreas para alimentación y recreación.
- El cumplimiento de las normas urbanísticas.
- Las necesidades de estudiantes y comunidades educativas.
Más que una inversión en infraestructura, se trata de garantizar que los recursos físicos existentes cumplan la función para la que fueron destinados.
Una recuperación que impacta a más de 1.300 estudiantes
Los dos casos muestran cómo una intervención preventiva puede producir resultados concretos sin limitarse a una actuación sancionatoria.
En Santiago Pérez, el resultado estuvo relacionado con la recuperación del comedor y su regreso al servicio escolar.
En La Granja, el proceso permitió recuperar un área de recreación y establecer responsabilidades frente a una obra que había ocupado parte del espacio educativo.
En conjunto, las actuaciones alcanzaron a cerca de 1.341 estudiantes de Zipaquirá.
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La recuperación de estos espacios vuelve a poner una pregunta sobre la mesa: ¿cuántas áreas de las instituciones educativas cumplen realmente la función para la que fueron construidas?
Si esta información puede ser relevante para padres de familia, docentes o estudiantes de Zipaquirá, compartirla ayuda a mantener abierta la conversación sobre las condiciones de los colegios.
