En la mayoría de casos, los ladrones se valen de engaños, palancas o llaves maestras para ingresar a los predios. Entre enero y septiembre de este año han sido robadas 2.530 casas en Bogotá y 240 en Cundinamarca
El asalto a la vivienda de la líder conservadora Marta Lucía Ramírez, la brutal agresión en contra de sus empleados y el millonario robo de sus pertenencias, en la noche del domingo en los límites entre Bogotá y La Calera (Cundinamarca), pone de presente un flagelo que entre enero y septiembre de este año ha afectado 2.530 predios en la ciudad y 240 en el departamento.
Pese a que la reducción en la comisión de este delito también favorece a Cundinamarca, las autoridades tienen la mira en los lugares con mayor índice de hurto a residencias: en el primer lugar está Soacha (35 hurtos); seguida por La Mesa (24); Mosquera (24); Fusagasugá (19), y Anapoima (14).
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Respecto al municipio de La Calera (Cundinamarca), entre enero y septiembre sólo ha habido tres robos, ocurridos en las veredas San Rafael, Alta Mar y Salitre. En los tres casos, vulneraron las cerraduras y no se emplearon armas para intimidar a las víctimas.
Juan Carlos Camelo es director del programa Sabana Centro Cómo Vamos, que agrupa 11 municipios al norte de Bogotá. A pesar de que resalta la reducción en el índice de hurto a residencias, llama la atención sobre el aumento en delitos como hurto a comercio y a personas en esos lugares.
“Con el crecimiento demográfico y la llegada de inversión están llegando empresas que traen grandes unidades de vivienda y adicionalmente hay sitios como Cota, Cajicá, Chía y Sopó, que están tomando una vocación residencial donde se establecen viviendas de estratos altos. Todo esto genera que cada vez la problemática de hurtos crezca”, afirma Camelo.
De hecho, en las mesas de trabajo que se han establecido con los secretarios de Gobierno de los municipios se ha manifestado que con el arribo de nuevos habitantes han llegado nuevos grupos delincuenciales que operan en las regiones en donde se están haciendo millonarias inversiones. “Eso está mezclado con falta de pie de fuerza y se están verificando alternativas con algunos municipios para integrar la seguridad privada con la Policía”.
Entre tanto, hay quienes aseguran que debe haber una articulación entre las autoridades de la ciudad con las del departamento, para evitar que se repitan estos hechos en zonas limítrofes.
“Tiene que haber un trabajo importante entre la Policía de Bogotá y la de Cundinamarca no sólo en la salida hacia La Calera, sino en las salidas hacia Chía o en el sur, en los límites con Soacha”, indica el concejal de Bogotá Daniel Palacios (Centro Democrático).
Los expertos insisten en que se requiere de una política pública en seguridad que integre la ciudad y el departamento y que se enfrente las dinámicas propias del crecimiento de la urbanización, que de manera inevitable parece atraer nuevos fenómenos delincuenciales.
Fuente: El Espectador
