Los gremios energéticos pusieron sobre la mesa una propuesta que podría cambiar las condiciones para invertir en petróleo y gas en Colombia: eliminar la sobretasa al impuesto de renta para la extracción petrolera y establecer reglas tributarias estables para los grandes proyectos. La iniciativa hace parte de las recomendaciones presentadas en el marco de la llamada Ley de Rescate.
El debate va más allá de los impuestos. Según las organizaciones del sector, la carga tributaria, la caída de la producción y la falta de nuevos contratos de exploración están poniendo en riesgo la capacidad del país para atraer capital y garantizar el abastecimiento energético.
Pero hay otro dato que aumenta la preocupación: mientras Colombia busca fortalecer sus ingresos fiscales, los gremios advierten que también podría estar perdiendo recursos asociados a la actividad petrolera y gasífera.
¿Por qué los gremios quieren eliminar la sobretasa al petróleo?
La Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), la Asociación Colombiana de Geólogos, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) y la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem) plantearon que la Ley de Rescate incluya medidas para mejorar la competitividad de la industria.
Una de sus principales propuestas consiste en eliminar la sobretasa de renta que se aplica a la extracción de petróleo, la cual puede añadir hasta 15 puntos porcentuales a la tarifa general del 35%.
De acuerdo con los gremios, para 2026 la tarifa del impuesto sobre la renta de esta actividad podría alcanzar el 50%, frente a una tasa promedio del 21% en América Latina.
El impacto sobre la inversión y la producción
Las organizaciones sostienen que una carga tributaria elevada e inestable puede reducir el atractivo de Colombia para los inversionistas que buscan desarrollar proyectos de exploración y producción de hidrocarburos.
Estos proyectos requieren grandes inversiones iniciales, tecnología especializada y varios años para alcanzar resultados. Por eso, la previsibilidad tributaria es un factor importante al momento de evaluar riesgos y calcular la rentabilidad.
Si las empresas consideran que las condiciones fiscales pueden cambiar de manera recurrente, podrían aplazar proyectos, reducir presupuestos o dirigir sus recursos hacia otros mercados.
Sin embargo, el debate no se limita a la rentabilidad empresarial. También involucra la producción nacional, los ingresos públicos, el empleo y la seguridad energética.
Argentina aparece como ejemplo para cambiar las reglas de inversión
Los gremios señalaron que Colombia podría evaluar mecanismos similares al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), creado en Argentina en 2024 para atraer capital hacia proyectos de gran escala.
Este régimen contempla beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios durante un periodo de hasta 30 años, además de una tarifa del impuesto sobre la renta del 25 % para los proyectos acogidos a sus condiciones.
Según las cifras citadas por las organizaciones, a septiembre de 2026 el programa acumulaba 23 proyectos aprobados por US$49.766 millones.
Para los representantes de la industria, esta experiencia demuestra la importancia de ofrecer reglas claras y condiciones competitivas para comprometer capital durante periodos prolongados.
¿Qué diferencia habría frente a Colombia?
Según los gremios, la tarifa de renta aplicable a la extracción petrolera en Colombia puede ubicarse entre 10 y 25 puntos porcentuales por encima de la contemplada en el RIGI argentino.
La comparación se centra en la capacidad de cada país para atraer inversiones de largo plazo. No obstante, las condiciones de ambos mercados, sus estructuras fiscales y los requisitos de acceso a los incentivos deben analizarse antes de concluir que un modelo puede trasladarse directamente al otro.
La propuesta, por tanto, abre una discusión sobre cómo equilibrar los ingresos tributarios del Estado con los incentivos necesarios para desarrollar proyectos energéticos.
Colombia produce menos petróleo y gas que en 2015
Los gremios también respaldaron sus planteamientos con cifras sobre la evolución de la industria.
Nelson Castañeda, presidente de Campetrol, afirmó que Colombia produce un 27 % menos petróleo y un 32 % menos gas que en 2015. Además, señaló que el gas importado representa cerca de un tercio del volumen comercializado en el país.
A esta situación se suma que Colombia acumula más de cuatro años sin firmar un nuevo contrato de exploración, según los datos expuestos por las organizaciones.
El panorama genera interrogantes sobre la disponibilidad futura de hidrocarburos y la necesidad de realizar inversiones que permitan identificar nuevas reservas.
La caída de los ingresos también preocupa
Castañeda indicó que, en su mejor momento, el sector aportó al Gobierno cerca de $48 billones anuales, a precios de 2025. El año pasado, esa contribución fue de $13,6 billones, sin incluir las regalías recibidas por las regiones.
Por su parte, las regalías ascendieron a $6,98 billones, de acuerdo con las cifras presentadas.
La ACP también estimó que, si la exploración petrolera y gasífera se limita a los contratos vigentes, Colombia podría dejar de recibir cerca de $40 billones entre 2027 y 2035.
Otro indicador citado por los gremios muestra la reducción de los recursos provenientes de Ecopetrol y de los derechos económicos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Mientras en 2013 sumaron aproximadamente $47,6 billones, a precios de 2025, en 2025 el monto fue de $13,6 billones.
Estas cifras forman parte de los argumentos con los que la industria busca que el Gobierno considere nuevas condiciones para estimular la exploración y la producción.
La Ley de Rescate también tendría que acelerar los trámites
Además de los cambios tributarios, los gremios solicitaron establecer plazos definidos para los procedimientos administrativos relacionados con los proyectos energéticos.
La propuesta incluye una ruta coordinada para los procesos de licenciamiento ambiental y consulta previa, con el propósito de reducir los tiempos de espera y mejorar la articulación entre las entidades responsables.
Las organizaciones aclararon que agilizar los trámites no significa eliminar las exigencias ambientales. Su planteamiento consiste en mantener los controles y requisitos, pero con procedimientos más previsibles y compatibles con las necesidades operativas de los proyectos.
En una industria que requiere inversiones elevadas y calendarios de ejecución de varios años, los retrasos pueden modificar los costos y afectar las decisiones de financiación.
Por eso, la discusión sobre la competitividad energética incluye tanto la política tributaria como la eficiencia institucional.
Proveedores nacionales y empleo: otro punto de la propuesta
Los gremios también destacaron la relación de la industria petrolera y gasífera con otras actividades económicas.
Según sus estimaciones, por cada peso generado por el sector, 56 centavos corresponden a compras a proveedores. Asimismo, señalaron que estas actividades tienen efectos en cerca del 39 % de las ramas de la economía colombiana.
Con estos argumentos, propusieron que una eventual política de incentivos contemple una participación mínima del 20 % de inversión destinada a proveedores de origen nacional, siempre que exista una oferta local competitiva.
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La medida podría favorecer a empresas de ingeniería, servicios industriales, transporte, mantenimiento, tecnología y otras actividades vinculadas con las operaciones energéticas.
Carlos Arturo Cárdenas, presidente de Aciem, sostuvo que la Ley de Rescate debería convertirse en una oportunidad para impulsar el empleo calificado, la productividad y el desarrollo regional, con el respaldo de la ingeniería nacional.
Los puntos clave de las propuestas de los gremios
- Eliminar la sobretasa de renta: retirar el recargo que puede elevar hasta el 50 % la tarifa aplicable a la extracción petrolera.
- Estabilizar las reglas tributarias: ofrecer condiciones previsibles para las inversiones de largo plazo.
- Evaluar incentivos para grandes proyectos: estudiar mecanismos similares al régimen argentino RIGI.
- Agilizar los trámites: establecer plazos claros para licencias y consultas previas, sin debilitar los requisitos ambientales.
- Fortalecer los proveedores locales: promover la participación de empresas colombianas cuando puedan ofrecer bienes y servicios competitivos.
- Recuperar la capacidad de producción: generar condiciones para estimular la exploración y reducir los riesgos para el abastecimiento energético.
La próxima discusión se dará en la Cumbre de Petróleo, Gas y Energía
Las organizaciones anunciaron la realización de la IX Cumbre de Petróleo, Gas y Energía, programada del 4 al 6 de noviembre en Cartagena.
El encuentro se desarrollará mientras avanza la Ley de Rescate del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, en un momento en el que la industria busca que sus propuestas sean consideradas dentro de las decisiones económicas del país.
Los gremios manifestaron su disposición a aportar información técnica, experiencia y alternativas para que el ajuste fiscal contribuya a atraer inversión, fortalecer la seguridad energética y estimular el crecimiento económico.
La discusión deja una pregunta de fondo: ¿cómo puede Colombia asegurar los recursos fiscales que necesita sin perder atractivo para los proyectos que sostienen parte de sus ingresos, empleos y abastecimiento energético?
Las decisiones que se adopten podrían tener efectos sobre las empresas, los proveedores nacionales, las finanzas públicas y las regiones que reciben regalías. ¿Considera que reducir la carga tributaria al petróleo ayudaría a recuperar la inversión o que el país debería priorizar otras alternativas? Comparta su opinión.
