Un pronunciamiento firmado por exmagistrados de las altas cortes y reconocidos juristas colombianos abrió un intenso debate constitucional sobre la eventual candidatura presidencial del abogado Abelardo de la Espriella. Aunque la Constitución permite la doble nacionalidad, el documento sostiene que la ciudadanía estadounidense obtenida mediante naturalización podría ser incompatible con el ejercicio de la Presidencia de la República debido al juramento de lealtad que exige Estados Unidos.
El análisis, respaldado por exintegrantes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), no cuestiona la doble nacionalidad en sí misma, sino las obligaciones jurídicas y políticas derivadas del proceso de naturalización estadounidense.
¿La doble nacionalidad puede impedir que una persona llegue a la Presidencia de Colombia?
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¿Qué dice la Constitución sobre la doble nacionalidad para aspirar a la Presidencia?
El comunicado recuerda que la Constitución Política de Colombia establece que para ser presidente se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de 30 años de edad. Asimismo, precisa que las inhabilidades para ocupar el cargo están expresamente señaladas y que la doble nacionalidad, por sí sola, no constituye una prohibición.
Según el documento, la nacionalidad italiana de Abelardo de la Espriella no representa obstáculo alguno, ya que habría sido adquirida por descendencia, una condición que tampoco ha generado cuestionamientos en otros casos similares.
Los exmagistrados explican que, incluso cuando la ciudadanía italiana es obtenida por naturalización, el juramento correspondiente consiste en guardar fidelidad a la República Italiana y respetar su Constitución y sus leyes, compromisos que consideran compatibles con el ejercicio de funciones públicas en Colombia.
El juramento de ciudadanía estadounidense, el centro del debate
¿Por qué los juristas consideran que existe una incompatibilidad?
La principal preocupación planteada en el comunicado está relacionada con el juramento que deben realizar quienes adquieren la nacionalidad estadounidense mediante naturalización. De acuerdo con la interpretación de los firmantes, dicho acto implica renunciar a toda lealtad y fidelidad hacia cualquier soberanía extranjera y comprometerse a defender la Constitución y las leyes de Estados Unidos.
Además, el procedimiento incluye la aceptación de prestar servicio militar o desempeñar funciones de importancia nacional cuando la legislación estadounidense así lo requiera.
Para los exmagistrados, estos compromisos podrían entrar en conflicto con las obligaciones constitucionales del presidente colombiano, quien al posesionarse también jura defender la Constitución y las leyes de Colombia y asume la representación suprema del Estado.
“Una persona que haya hecho ese juramento para adquirir la nacionalidad estadounidense no puede ser presidente de Colombia, por cuanto existe una incompatibilidad evidente entre las renuncias y obligaciones implicadas en ese juramento y la naturaleza y funciones de la presidencia en Colombia”, señala el documento.
El posible conflicto de lealtades que advierten los exmagistrados
La Presidencia exige una fidelidad exclusiva a Colombia
El análisis jurídico sostiene que la Presidencia de la República implica una relación especial de lealtad con la soberanía nacional, las instituciones y los intereses estratégicos del país.
Los firmantes recuerdan que el jefe de Estado colombiano no solo representa a la Nación, sino que también es el comandante supremo de las Fuerzas Militares, dirige las relaciones internacionales y tiene la responsabilidad constitucional de proteger los derechos e intereses de todos los ciudadanos.
Desde esa perspectiva, consideran problemático que quien aspire al cargo haya asumido previamente compromisos que, según su interpretación, lo obligan a defender los intereses de Estados Unidos, incluso frente a escenarios relacionados con seguridad, defensa o política exterior.
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El documento aclara que esta postura no busca cuestionar los derechos de los colombianos con doble nacionalidad estadounidense ni debatir si una persona pierde esa ciudadanía al asumir la Presidencia de otro país. El análisis, explican, se limita al marco constitucional colombiano y a las consecuencias derivadas del juramento de naturalización.
¿Quiénes firmaron el comunicado?
El documento, fechado el 10 de junio de 2026, fue suscrito por exmagistrados y exmagistradas de las altas cortes, así como por académicos y expertos en derecho constitucional, entre ellos Pablo Cáceres Corrales, Stella Conto Díaz del Castillo, Jaime Córdoba Triviño, Álvaro Echeverri Uruburu, Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Iván González Amado, José Gregorio Hernández Galindo, María Adriana Marín y Jorge Iván Palacio Palacio, entre otros.
Su intervención pública, explican, responde al deber de advertir sobre las posibles implicaciones éticas, jurídicas y políticas de una eventual aspiración presidencial de una persona naturalizada como ciudadana estadounidense.
Puntos clave del debate constitucional
- La Constitución colombiana no prohíbe la doble nacionalidad para aspirar a la Presidencia.
- La nacionalidad italiana obtenida por descendencia no genera reparos jurídicos, según el comunicado.
- La controversia se centra exclusivamente en la ciudadanía estadounidense adquirida por naturalización.
- El juramento exigido por Estados Unidos incluye compromisos de lealtad y defensa de su Constitución e intereses nacionales.
- Los exmagistrados consideran que esas obligaciones podrían ser incompatibles con las funciones del presidente de Colombia.
- El debate planteado se refiere al ordenamiento constitucional colombiano y no a las normas de ciudadanía de Estados Unidos.
El pronunciamiento de los exmagistrados y constitucionalistas reabre una discusión de alto impacto sobre los límites de la doble nacionalidad y los requisitos materiales para ejercer la primera magistratura del país. Más allá del caso particular de Abelardo de la Espriella, el debate pone sobre la mesa la necesidad de analizar cómo interactúan los compromisos adquiridos ante otros Estados con las responsabilidades exclusivas que implica dirigir a Colombia.
La controversia apenas comienza y, de avanzar una candidatura presidencial en estas condiciones, es probable que el tema termine siendo objeto de interpretación por parte de las autoridades electorales y, eventualmente, de las altas cortes.
