El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el llamado a consultas de su embajador en Washington, Daniel García-Peña, luego de que la revista digital Cambio revelara una imagen que lo retrata como prisionero, lo que ha desatado una intensa crisis diplomática entre Bogotá y Washington.
La polémica se originó a partir de una fotografía publicada en la galería oficial de la Casa Blanca que muestra al subjefe de gabinete de los Estados Unidos, James Blair, sosteniendo una carpeta con un documento titulado “La Doctrina Trump para Colombia y el Hemisferio Occidental”, en la que aparecen imágenes hechas con inteligencia artificial del mandatario colombiano y del presidente venezolano, Nicolás Maduro, vestidos con uniformes naranjas de reclusos en cárceles estadounidenses.
Petro no tardó en reaccionar: en su cuenta de X (antes Twitter) calificó el hecho como «un irrespeto brutal al pueblo que me eligió y a la nación colombiana y su historia».
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“Aquí se trata de saber por qué en la página oficial de la Casa Blanca, me sacan como si fuera un preso en cárcel de los EE UU. Eso es un irrespeto brutal…”
Agregó que “si se llama a un embajador a consulta, el que hace las veces por el otro país regresa a su país mientras se reciben las informaciones pertinentes”.
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¿Qué contenía la carpeta y por qué es relevante
Según Cambio, el documento sugiere una hoja de ruta de cinco pasos para implementar una “Doctrina Trump” enfocada en Colombia. Entre los puntos figuran la declaración de ciertos carteles como organizaciones terroristas, la imposición de sanciones selectivas contra Petro, su familia y allegados, la investigación del financiamiento de su campaña, así como el respaldo a líderes latinoamericanos pro-estadounidenses.
La filtración de esta carpeta, sumada a la imagen, ha sido interpretada por el Gobierno colombiano como una estrategia de presión política y diplomática de EE.UU. contra Bogotá. En este contexto, Petro argumenta que se trata de un intento de vincularlo al narcotráfico y de llevarlo “a la cárcel en EE.UU.”.
El antecedente de las relaciones entre Colombia y EE.UU.
Las tensiones entre Colombia y Estados Unidos han escalado en los últimos meses. A comienzos de 2025, la administración estadounidense decidió descertificar a Colombia como “cooperador” en la lucha contra el narcotráfico. En respuesta, Petro suspendió la compra de armas a Washington y denunció injerencias estadounidenses en la política interna colombiana.
Adicionalmente, operaciones militares conjuntas en el Caribe y el Pacífico que involucraron bombardeos de lanchas presuntamente vinculadas al narcotráfico han elevado la tensión. Expertos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) han condenado estas acciones como posibles ejecuciones sumarias.
¿Qué implicaciones tiene el llamado a consultas?
El procedimiento diplomático de “llamar a consultas” no significa una ruptura formal, pero sí es una señal clara de descontento y crisis en las relaciones bilaterales. En este caso, mientras García-Peña retorne de Washington, el encargado de negocios de EE.UU. en Bogotá, John McNamara, también podría ser llamado. Aun así, el ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, aclaró que no se ha decidido la expulsión del diplomático norteamericano.
Para Colombia, la acción representa una defensa simbólica de su soberanía y una denuncia pública de lo que considera una intentona de Estado contra del liderazgo del país. Para EE.UU., el incidente podría afectar la cooperación en seguridad y narcotráfico con un socio estratégico en América del Sur.
¿Y ahora?
Aunque la imagen ya fue retirada de la galería oficial de la Casa Blanca, la interrogante persiste: ¿cómo fue publicada, quién permitió su difusión y qué intención real había tras la carpeta? La Casa Blanca no ha ofrecido una explicación pública hasta el momento.
En Colombia, la oposición política y algunos sectores de la ciudadanía interpretan que este episodio podría fortalecer la narrativa del Gobierno sobre intervencionismo extranjero, justo en el umbral de la campaña para las elecciones de 2026.
Desde Washington, funcionarias del Congreso y del gabinete ligados a la política de la administración Donald Trump podrían verse obligados a dar explicaciones sobre cómo un documento de estas características y una imagen tan explosiva fueron difundidos en un entorno oficial.
