En medio de una escalada que vuelve a tensionar el tablero internacional, el agua —más que el petróleo— empieza a perfilarse como el recurso estratégico más vulnerable en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. La advertencia lanzada este sábado por el presidente Donald Trump, en la que amenazó con atacar infraestructura energética iraní si no se reabría el estrecho de Ormuz, desató una respuesta inmediata de Teherán: la posible ofensiva contra instalaciones energéticas y plantas desalinizadoras en Oriente Medio.
El escenario no es menor. En una de las regiones más áridas del planeta, estas infraestructuras representan la diferencia entre el abastecimiento y el colapso. No se trata solo de energía, sino de la supervivencia de millones de personas.
Plantas desalinizadoras: el punto más vulnerable del Golfo Pérsico
El Golfo Pérsico concentra más de 400 plantas desalinizadoras, responsables de cerca del 40 % del agua tratada del mundo. Sin embargo, la fragilidad del sistema es evidente: el 90 % de esta producción depende de apenas 56 instalaciones críticas, altamente expuestas a sabotajes o ataques militares.
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Países como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Omán y Kuwait dependen en gran medida de estas plantas. En algunos casos, como Kuwait, el 90 % del agua potable proviene de la desalinización. Ciudades estratégicas como Dubái, Abu Dabi y Doha subsisten casi exclusivamente gracias a este sistema.
Expertos advierten que cualquier interrupción tendría consecuencias inmediatas. “La supervivencia a corto plazo de estas poblaciones depende de la seguridad de estas plantas”, ha señalado el analista Nader Habibi, de la Universidad Brandeis.
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Infraestructura energética y agua: un sistema interdependiente
El riesgo se amplifica por una realidad técnica poco visible: muchas plantas desalinizadoras están integradas con centrales eléctricas. Esto significa que un ataque dirigido a la infraestructura energética puede paralizar simultáneamente la producción de agua potable.
Un informe de la CIA ya advertía desde 2010 que una interrupción en la desalinización en el Golfo podría tener consecuencias más graves que la pérdida de cualquier otra industria estratégica.
Este nivel de interdependencia convierte a estas instalaciones en objetivos de alto valor en cualquier escalada militar.
Incidentes recientes elevan la tensión en la región
Los hechos recientes han reforzado la preocupación internacional. El pasado 7 de marzo, Irán acusó a Estados Unidos de atacar una planta desalinizadora en la isla de Qeshm, afectando el suministro de agua en decenas de comunidades.
Un día después, Baréin reportó daños en una instalación similar tras un presunto ataque con drones. A esto se suman incidentes en el puerto de Jebel Ali, en Dubái, y reportes de afectaciones en instalaciones energéticas en Fujairah y Kuwait.
Aunque algunas autoridades han minimizado los daños, insistiendo en que las plantas continúan operativas, la repetición de eventos en puntos estratégicos evidencia un patrón que preocupa a analistas y organismos internacionales.
Un ultimátum en pausa, pero sin señales claras de diálogo
El plazo de dos días impuesto por Trump para la reapertura del estrecho de Ormuz vencía este lunes. Sin embargo, el mandatario decidió aplazar durante cinco días cualquier acción militar directa, argumentando la existencia de conversaciones en curso.
Desde Teherán, la respuesta ha sido tajante: no existe ningún diálogo activo con Washington.
Este desacuerdo no solo refleja la falta de canales diplomáticos efectivos, sino que mantiene latente el riesgo de una escalada que podría impactar no solo el suministro energético global, sino también el acceso al agua en una región altamente dependiente de la desalinización.
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El verdadero riesgo: una crisis humanitaria silenciosa
Más allá del pulso político y militar, el foco empieza a desplazarse hacia una amenaza menos visible pero potencialmente más devastadora: una crisis hídrica en Oriente Medio.
La interrupción prolongada de las plantas desalinizadoras no solo afectaría a las grandes ciudades, sino que podría desencadenar emergencias sanitarias, migraciones internas y un colapso en servicios básicos.
En un contexto donde el agua es un recurso artificialmente garantizado, cualquier alteración en su producción puede tener efectos inmediatos y difíciles de contener.
