“La vida moderna tiene su propia barbarie y está a menudo dirigida contra quienes consideramos diferentes.”
Leon Wieseltier.
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En un país donde la violencia ha sido durante décadas un instrumento de control, la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el 11 de agosto de 2025 no fue solo una tragedia personal, sino un recordatorio colectivo de una herida abierta. Nueve semanas después del atentado del 7 de junio, su fallecimiento elevó la cifra de líderes asesinados en Colombia a 97 en lo que va del año, según el seguimiento de Indepaz. No es una cifra aislada, sino otro hito en un conteo que crece y se disputa según la fuente, pero que coincide en el mensaje: el liderazgo civil en Colombia continúa en riesgo extremo. Esta persistencia nos obliga a reflexionar sobre cómo la historia de Colombia, marcada por ciclos de violencia como La Violencia de los años 50 o el conflicto armado prolongado, parece repetirse en formas mutadas, donde el asesinato no es solo un acto de poder, sino un eco de traumas colectivos no resueltos. ¿Cuántas veces más veremos cifras como estas antes de reconocer que la paz no es solo un acuerdo firmado, sino una reconstrucción ética de la sociedad?
La Defensoría del Pueblo, que trabaja con ventanas de tiempo distintas a las de ONG y misiones internacionales, registró 81 asesinatos de líderes y lideresas sociales solo entre el 1.º de enero y el 31 de mayo de 2025. L registró 81 asesinatos de líderes y lideresas sociales solo entre el 1.º de enero y el 31 de mayo de 2025. La institución advierte, además, que desde 2016 a mayo de 2025 la cifra acumulada de líderes asesinados supera los 1.500 casos. Que haya diferencias metodológicas no cambia el fondo: el patrón no se rompe. Esta acumulación de pérdidas invita a una reflexión profunda sobre el costo humano de la transición posconflicto; cada número representa no solo una vida truncada, sino comunidades enteras desarticuladas, donde el vacío dejado por un líder se llena con miedo o silencio, perpetuando un ciclo de vulnerabilidad que erosiona la democracia desde sus bases más locales.
Si miramos un año completo, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos verificó 72 masacres con 252 víctimas en 2024 y 89 homicidios de personas defensoras ese mismo año. Son números que confirman lo que se vive en los territorios: la violencia se reconfigura, muta de indicador, pero no cede. En este contexto, cabe preguntarse si esta reconfiguración no es también un reflejo de fallas globales en sociedades posconflicto, donde la paz formal choca con realidades económicas como el narcotráfico globalizado, recordándonos que la barbarie no es solo local, sino interconectada con dinámicas internacionales que priorizan el lucro sobre la vida humana.
¿Por qué persiste? Un dato estructural: los grupos armados ilegales —guerrillas, disidencias, herederos del paramilitarismo y economías criminales— disputan control territorial y social, imponen normas, restringen movilidad y someten liderazgos locales, con incentivos creados por el narcotráfico, la minería ilegal y rentas públicas capturables. Lo han señalado la ONU y organizaciones de derechos humanos; incluso cuando algunas variables bajan en un semestre, la arquitectura del miedo permanece. Esta "arquitectura" nos lleva a meditar sobre la naturaleza del poder en contextos frágiles: no se trata solo de balas, sino de un sistema que normaliza la precariedad, donde la ausencia del Estado se convierte en oportunidad para el caos organizado, y donde la resiliencia de las comunidades se pone a prueba diariamente, revelando tanto la fortaleza humana como sus límites ante la sistematicidad del terror.
La polarización política encaja como un guante en ese paisaje. Porque si todo se lee en clave de amigo/enemigo, la muerte deviene argumento y el duelo se vuelve instrumento. Las redes y los micrófonos le asignan una bandera al cadáver. La pregunta moral —¿qué nos está pasando? — se reemplaza por la pregunta táctica —¿a quién sirve? —. Ese reflejo partidiza el luto, borra matices y legitima el ensordecimiento: cuando el dolor se usa para ganar un punto, la empatía pierde valor de mercado. Aquí radica una reflexión crucial sobre la psicología social en tiempos divididos: la polarización no solo divide opiniones, sino que activa mecanismos de deshumanización, similares a los estudiados en conflictos globales como el de Ruanda o los Balcanes, donde la "otredad" justifica la indiferencia, erosionando el tejido ético que une a una nación y convirtiendo el debate público en un campo de batalla donde la verdad se sacrifica por la lealtad tribal.
No se trata de afirmar que “la polarización mata”. Los asesinos son otros y actúan por motivos que combinan economía criminal, dominio local y cálculo político. Pero la polarización sí crea el clima perfecto para que el país no se mire a sí mismo: nos desliza hacia esa “economía de las vidas llorables” de la que habla Judith Butler; vidas cuyas pérdidas nos movilizan y vidas cuya muerte apenas nos roza, según quiénes sean, dónde vivan y qué bandera carguen. Cuando unas vidas son menos llorables que otras, la violencia encuentra licencia social. Esta idea de Butler nos invita a una reflexión: en una era de hiperconexión, ¿por qué permitimos que algoritmos y narrativas partisanas dicten el valor de una vida, perpetuando una jerarquía moral que, en última instancia, debilita nuestra capacidad colectiva para la compasión y la justicia?
Algo parecido sugiere Achille Mbembe con su concepto de “necropolítica”: el poder que decide quién puede vivir y quién debe morir, no siempre por decreto, a veces por abandono. Ese abandono —del Estado y de la sociedad— es también una decisión política. En demasiados rincones de Colombia opera así: administración de la muerte por terceros y administración de la indiferencia por las élites. Mbembe nos obliga a confrontar cómo esta necropolítica no es un accidente, sino una extensión de colonialismos históricos y desigualdades estructurales, donde el "sur global" como Colombia se convierte en laboratorio de olvidos intencionales, recordándonos que la verdadera soberanía radica en proteger a los más vulnerables, no en acumular poder a costa de ellos.
A este marco se suma un viejo problema: la impunidad. Discutimos cifras, proclamamos “esclarecimientos” sin un consenso mínimo sobre qué medir y cómo contarlo, y terminamos con la sensación de que todo queda en anuncios. Dejusticia ha insistido en que el país necesita indicadores aceptados para medir impunidad y metodologías robustas para estimar el universo real de homicidios de personas defensoras, incluyendo el subregistro. No es un detalle técnico; sin una medición confiable, la justicia se vuelve eslogan y los victimarios calculan que matar sale barato. Esta impunidad crónica nos lleva a reflexionar sobre el fracaso de las instituciones en romper con legados autoritarios, donde la ley se aplica selectivamente, fomentando un cinismo social que desmotiva la participación cívica y perpetúa la idea de que la violencia es inevitable, en lugar de un problema soluble con voluntad colectiva.
Mientras tanto, en las regiones más golpeadas —Cauca, Antioquia, Catatumbo, Chocó— la ciudadanía aprende a hablar en susurros. La advertencia de Human Rights Watch sobre abusos en zonas disputadas lo resume con crudeza: confinamientos, reclutamiento, ejecución de civiles, justicia paralela. Allí, liderar es exponerse y denunciar es mudarse. La democracia se vacía desde abajo cuando los liderazgos de base quedan reducidos a listas de obituario.
Esta realidad territorial nos confronta con una paradoja profunda: en un país rico en diversidad cultural y recursos, ¿por qué permitimos que el progreso se construya sobre el sacrificio de quienes defienden el territorio común, revelando una desconexión entre élites urbanas y realidades rurales que amenaza la cohesión nacional?
¿Qué hacer para dejar de normalizar esta espiral? Propongo cinco gestos políticos y culturales, modestos pero concretos:
Primero, blindar el duelo del uso partidista. Toda fuerza política debería asumir un pacto básico: no instrumentalizar el crimen de ningún líder para atacar a su adversario en caliente. Se puede y se debe exigir responsabilidades sin convertir el ataúd en tarima.
Segundo, unificar estándares de medición. Gobierno, Fiscalía, Defensoría, ONU y sociedad civil necesitan un comité técnico permanente que armonice definiciones, ventanas de tiempo y criterios de verificación. Los listados pueden seguir siendo distintos, pero comparables y transparentes. De esa claridad depende la política pública.
Tercero, justicia visible. La Fiscalía debe transparentar qué implica "esclarecimiento" y reportar condenas reales, evitando autoelogios vacíos. Esclarecer no es acumular capturas, sino desmontar cadenas de mando, móviles y economías que financian el crimen. Si la estadística premia la cifra fácil, la organización criminal aprende a mutar.
Cuarto, protección centrada en el territorio. La seguridad no se reduce a chalecos antibalas para lideres; exige control territorial, desarticulación de economías ilegales, alertas tempranas con recursos de respuesta, y romper el ciclo de “traslado y olvido” que muchas veces equivale a desarraigo, además, de la presencia estatal integral, como reitera la ONU.
Quinto, una cultura pública que re-humanice. Si la premisa es que toda vida es llorable, el periodismo y la academia deben narrar quiénes eran esas personas, qué defendían, qué cambió después de su muerte; no solo el “caso” sino el vacío que deja. Allí la memoria compite con la propaganda.
No es ingenuidad. Sé que la política es disputa y que el lenguaje nunca es neutral. Pero de eso se trata: de disputar el sentido de la muerte para devolverlo a la vida común. Si cada bando permanece ocupado en sumar puntos, Colombia seguirá perdiendo el partido más importante: el de reconocerse como una comunidad política capaz de proteger a quienes la sostienen.
La muerte de Miguel Uribe y de decenas de líderes en 2025 —los miles en décadas— debería obligarnos a un consenso mínimo: la vida no se negocia. No porque estemos de acuerdo en todo, sino porque sin ese acuerdo no hay conversación posible. Cuando una sociedad permite que la muerte se administre como herramienta —por la bala o por la indiferencia—, ya no es solo que falle el Estado: es que fallamos todos. Y ese “todos” incluye al campesino que cultiva la tierra, al empresario que genera empleo, al empleado que cumple su jornada, al artista que expresa nuestra cultura, al académico que investiga, al estudiante que aprende, al periodista que informa, al transportador que conecta el país y a cada colombiano que, con su labor diaria, sostiene la nación.
El cierre no puede ser un eslogan, pero sí una decisión: despartidizar el duelo para repolitizar la vida. Si logramos, siquiera por unos meses, que cada asesinato corte en seco la tentación de usarlo como munición y, en cambio, obligue a preguntar qué es lo que hace posible que matar sea rentable, habremos roto algo del hechizo. Ese será el principio del fin de la impunidad que nos acostumbra a sobrevivir a costa de los que, con su voz, sostienen la casa común. Y quizá entonces, por fin, ningún muerto tendrá partido y toda vida tendrá dolientes.
