- El flagelo del ‘gota a gota’ presta dinero con unos intereses del 20% y 30%
- Los municipios más afectados por este tipo de "prestamos" son: Fusagasugá, Zipaquirá, Chía, Tena, Villeta, Girardot, Soacha, Guasca, Tocaima, Cáqueza y Simijaca
La Corporación Social de Cundinamarca lanzó ‘Paz y Salvo’, una nueva línea de crédito especialmente dirigida a las personas con menores ingresos del departamento, que busca el fortalecimiento de su empresa o unidad productiva, con un mínimo interés mensual de 0,9%.
La iniciativa del Gobernador Rey, busca combatir los préstamos e intereses no formales, incluidos los préstamos el ‘gota a gota’ o trámites sin soportes entre privados, que actualmente mueven $26.500 millones en Cundinamarca. Los municipios que se ven más afectados por esta problemática son Fusagasugá, Zipaquirá, Chía, Tena, Villeta, Girardot, Soacha, Guasca, Tocaima, Cáqueza y Simijaca.
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El programa busca ayudar a las personas y combatir el flagelo del ‘gota a gota’ y a los usureros que prestan dinero con unos intereses del 20% y 30%. Por eso, la Corporación Social de Cundinamarca ha querido brindar posibilidades de acceso al crédito.
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El Programa “Paz y Salvo” cuenta con tres líneas crediticias: La individual, La Solidaria y la Línea de crédito especial para vendedores informales. El monto mínimo con el cual pueden solicitar el crédito va desde $200.000 hasta cuatro salarios mínimos, para personas de estratos 1, 2 y 3.
Este proyecto está vinculado con la Fundación Alemana Sparkessen, que se encarga de educar financieramente a los emprendedores para que tomen decisiones adecuadas y así facilitarles el acceso a créditos productivos.
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El problema de los prestamos ‘gota a gota’
La usura es un delito tipificado en el artículo 305 del Código Penal: “El que reciba o cobre, directa o indirectamente, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del interés bancario corriente, que para el período correspondiente estén cobrando los bancos, según certificación de la Superintendencia Bancaria, cualquiera sea la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
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