Un fallo reciente del Juzgado 47 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá ha encendido las alarmas en 35 municipios de Cundinamarca. En el centro del debate está el cobro que durante las últimas dos décadas ha hecho Enel-Codensa por el arrendamiento de postes de energía: más de 130 mil millones de pesos en total. Sin embargo, todo podría cambiar si la empresa no logra acreditar que es la verdadera propietaria de dicha infraestructura.
El origen de esta disputa se remonta al año 2017, cuando se interpuso una acción popular alegando que los postes no eran propiedad de Codensa, sino de los municipios y sus habitantes, quienes habrían construido esta infraestructura con recursos públicos.
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El reciente fallo del Juzgado 47 acoge esta tesis, al menos de forma parcial, y da un plazo de ocho meses para esclarecer la situación jurídica. En los primeros tres meses, Enel-Codensa deberá presentar un informe preliminar que demuestre con documentos la titularidad de los postes. Si en seis meses no logra acreditar esa propiedad, la empresa no podrá seguir cobrando arrendamiento por estas estructuras.
Según el excontralor de Cundinamarca, Ricardo López, durante años se evidenció un promedio de cobro anual por parte de Codensa que ronda los 6.500 millones de pesos, afectando directamente las finanzas de los municipios. “Los municipios pagaban por usar postes que no eran de Codensa, y no se había demostrado su propiedad. Eso es lo que buscaba la acción popular: justicia y claridad sobre el origen de estos bienes públicos”, señaló López.
El fallo también establece una medida cautelar inmediata: se prohíben prácticas abusivas por parte de la empresa y se ordena crear una comisión de verificación, con participación ciudadana, para hacer seguimiento a la ejecución de esta orden judicial. Se propone incluso una campaña comunitaria con el lema “Este poste es mío, no de Codensa”, para reforzar el sentido de pertenencia y vigilancia sobre los bienes públicos.
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La sentencia también hace un llamado a los 35 municipios involucrados para que ejerzan acciones de veeduría ciudadana y aporten información histórica y técnica sobre la construcción y mantenimiento de estos postes. Se espera que esta colaboración contribuya a una decisión definitiva en el proceso.
Por su parte, en respuesta oficial, la empresa manifestó su “absoluto respeto por las decisiones judiciales”, aunque aclaró que no comparte el sentido del fallo. La compañía informó que evalúa acciones legales para impugnar la decisión, alegando que existen fundamentos jurídicos que respaldan su actuación.
Enel-Codensa ha recaudado alrededor de $130.000 millones de pesos en 20 años, producto de este arrendamiento en los municipios cundinamarqueses. De perder esta disputa judicial, no solo enfrentaría un golpe económico significativo, sino también un precedente que podría extenderse a otras regiones del país donde opera.
Este fallo no solo representa una oportunidad de revisión jurídica sobre la propiedad de los bienes públicos, sino que también pone sobre la mesa el debate sobre el uso de los recursos locales y el papel de la ciudadanía en la vigilancia de sus derechos.
En los próximos meses, todos los ojos estarán puestos en los informes de Enel-Codensa y en la movilización de las comunidades.
La pregunta es clara: ¿de quién son realmente los postes?
