Una de las mayores quejas de los ciudadanos en medio del confinamiento ha sido el alto aumento en las facturas de servicios públicos, especialmente las de energía y gas
Por tal razón la Comisión V de la Cámara citó a un debate de control político en el que se dieron varias peticiones a las empresaas encargadas de prestar estos servicios.
En medio del debate, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, explicó que el alza en las tarifas se debe a tres factores: el aumento en la cotización en bolsa, el aumento en el consumo de los hogares y el hecho de que las empresas hayan tenido que promediar el consumo debido a que, por cuenta del asilamiento, no se pudo hacer medición en abril.
No obstante, el congresista Ricardo Ferro, citante del debate, aseguró que las empresas “no tuvieron problema en mandar a los trabajadore a entregar las facturas personalmente, pero sí tuvieron problema en mandarlos para hacer las mediciones presencialmente”.
De igual manera, el parlamentario solicitó un reembolso de los recursos cobrados de más a los usuarios, y le hizo un llamado a las empresas de servicio público para aplicar el principio de solidaridad constitucional.
El congresista hizo tres propuestas concretas.
1. Aumentar el consumo básico de subsistencia para todos los servicios públicos domiciliarios, de manera que no se sigan incrementando los costos de las facturas, en razón a un mayor consumo derivado de la obligación de permanecer mayor tiempo las familias en sus viviendas.
2. Eliminar la posibilidad de que se realicen otros cobros en las facturas de los servicios públicos, diferentes al servicio público en sí. Por ejemplo, el cobro del alumbrado público no debería estar en la factura de energía, porque no es un servicio público domiciliario.
3. Solidaridad de las empresas prestadoras de los servicios públicos. En medio de la pandemia, la solidaridad de las empresas con los usuarios ha brillado por su ausencia. Se debe reducir el componente de comercialización para que no solo hay un congelamiento del valor del kilovatio o el metro cúbico como lo decretó el gobierno, sino una disminución.
Al debate asistieron la ministra de Minas y Energía, Maria Fernanda Suárez, la Superintendente de Servicios Públicos Natasha Avendaño, y al Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Jorge Alberto Valencia. Las empresas de servicios públicos fueron invitadas pero no asistieron.
