Ciudadanos en toda Colombia denunciaron presuntos incrementos en tarifas y cobros injustificados de servicios públicos durante la emergencia generada por la propagación del COVID-19
El Ministerio Público abrió una indagación preliminar al interior de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Comisión Reguladora de Energía y Gas.
El aumento de los recibos públicos ha originado protestas en varias localidades de Bogotá y múltiples quejas en redes sociales de los usuarios. “El recibo de agua me llegaba en $25.000 y subió a $75.000 en un mes. En la casa solo trabaja una persona, nos ganamos $200.000 y de ahí nos toca sacar para estos recibos”, dijo una habitante de Usme, en Bogotá, en días pasados.
La Procuraduría busca establecer los controles y actuaciones que han desplegado dichas entidades ante las denuncias y se previeron estrategias para garantizar que la facturación corresponda a los consumos reales de los ciudadanos y que no esté definida por mediciones del promedio del consumo antes de la pandemia.
Se ordenaron una serie de pruebas para “verificar la ocurrencia de las conductas, identificar los posibles responsables y determinar si es constitutiva de falta disciplinaria”.
En ese sentido, por presuntos cobros excesivos en las tarifas de energía, la Procuraduría también abrió indagación preliminar contra funcionarios de las empresas de servicios públicos de energía de Cundinamarca, en las provincias de Sumapaz, Gualivá y Guavio; la Sociedad Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. ESP, y el municipio de Santuario, Risaralda.
