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¿Cambiará la educación sexual en los colegios? La petición del Gobierno que abre un nuevo debate
¿Qué pidió el Gobierno de Abelardo de la Espriella?

¿Cambiará la educación sexual en los colegios? La petición del Gobierno que abre un nuevo debate

El Gobierno de Abelardo de la Espriella abrió un nuevo frente de discusión sobre la educación sexual en Colombia. El Ministerio de Educación solicitó a la Presidencia revisar y frenar la implementación de una política nacional que el Gobierno de Gustavo Petro dejó firmada en sus últimos días.

La petición plantea interrogantes sobre la autonomía de los colegios, el papel de los padres en la formación de sus hijos y los límites legales de las decisiones del Estado en materia educativa. Sin embargo, hay un punto clave: la solicitud de revisión no significa que la resolución ya haya sido derogada.

El documento también propone suspender temporalmente las medidas relacionadas con esta política mientras se estudian sus fundamentos jurídicos. Estas son las razones expuestas por el Ministerio y las implicaciones que podría tener la decisión.

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¿Qué pidió el Ministerio de Educación al Gobierno de Abelardo de la Espriella?

Mediante un oficio fechado el 21 de septiembre, firmado por Ilva Myriam Hoyos, ministra de Educación designada tras la salida de Viviane Morales, la entidad solicitó a Andrés Barreto González, secretario jurídico de la Presidencia, tomar acciones urgentes para revisar la normativa y contener sus efectos.

La petición se refiere a la Resolución 1350 de 2026, mediante la cual se adoptó la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026-2035.

El Ministerio considera que el alcance de esta disposición exige una revisión inmediata, especialmente por las obligaciones que establece para las instituciones educativas y las entidades públicas involucradas.

Las dos medidas que solicitó el Ministerio

El oficio plantea dos actuaciones concretas:

  • Revisar la resolución: examinar el acto administrativo con la participación de los cuatro ministerios involucrados: Educación, Salud, Trabajo y Cultura.
  • Frenar temporalmente su implementación: expedir una directiva presidencial que ordene no aplicar nuevas medidas relacionadas con la política mientras se adelanta la revisión e informar cuáles ya se han ejecutado.

Por ahora, la solicitud debe distinguirse de una decisión definitiva de derogatoria. El resultado dependerá de las actuaciones que adopten las autoridades competentes.

¿Qué establece la política de educación sexual que dejó el Gobierno Petro?

La Resolución 1350 de 2026 adoptó una estrategia nacional con horizonte hasta 2035, orientada a coordinar las acciones estatales en materia de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos.

Entre sus disposiciones se contempla incorporar estos contenidos de manera transversal en distintos ámbitos del sistema educativo, incluidos los proyectos educativos institucionales, los planes de estudio, las prácticas pedagógicas y la formación docente.

La política también contempla acciones dirigidas a transformar normas sociales y de género, así como compromisos de planificación territorial.

Precisamente, este alcance constituye uno de los puntos centrales de la controversia: el Ministerio sostiene que la resolución no se limita a coordinar entidades, sino que establece orientaciones y obligaciones que podrían incidir directamente en la organización de los colegios.

Los cuestionamientos jurídicos que expone el Gobierno

En el oficio, el Ministerio de Educación plantea dudas sobre varios aspectos de la norma:

  • La suficiencia de las facultades legales para establecer obligaciones curriculares y pedagógicas.
  • La posible afectación de la autonomía escolar y del derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos.
  • La utilización de una resolución administrativa para establecer compromisos hasta 2035.
  • La financiación de las medidas y la identificación de las fuentes presupuestales correspondientes.
  • La combinación de normas vinculantes con declaraciones, orientaciones e instrumentos de diferente naturaleza jurídica.

Estos argumentos constituyen la posición del Ministerio. Por sí solos, no demuestran que la resolución sea inconstitucional o ilegal; esa conclusión requiere el análisis jurídico correspondiente.

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Viviane Morales ya había anticipado la revisión de la política

La solicitud no apareció de manera aislada. Viviane Morales, quien ocupó el Ministerio de Educación antes de Ilva Myriam Hoyos, había manifestado públicamente su intención de revisar esta política.

Durante su paso por el cargo, Morales se refirió a la necesidad de erradicar lo que denominó «ideología de género» en los colegios y defendió el papel de los padres en la formación de sus hijos.

La petición formal presentada posteriormente recoge esa orientación política y la traslada al terreno administrativo y jurídico.

Sin embargo, el debate no se limita a las diferencias entre los gobiernos. También involucra cuestiones sobre las competencias de las autoridades educativas, el alcance de los derechos de las familias y la manera en que deben abordarse los contenidos de educación sexual en las instituciones escolares.

¿Qué papel tienen la ONU y la Organización Mundial de la Salud?

La educación sexual en Colombia ha sido objeto de controversias durante años. Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en 2016, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, cuando se dio marcha atrás a la implementación de una cartilla relacionada con esta materia, en medio de una polémica sobre la llamada «ideología de género».

Por otra parte, organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han respaldado la importancia de ofrecer educación sexual adecuada a la edad y al contexto de los estudiantes.

Entre sus argumentos se encuentra la posibilidad de proporcionar información para reconocer situaciones de abuso, comprender los derechos personales y tomar decisiones informadas sobre la salud.

La discusión actual enfrenta, por tanto, distintas posiciones sobre el alcance de estas enseñanzas, el papel de las instituciones públicas y las responsabilidades de las familias.

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La posición del Gobierno colombiano ante Naciones Unidas

La controversia también tiene una dimensión internacional. A comienzos de octubre, durante una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el representante de Colombia manifestó que el país se disociaba de la expresión «salud y derechos sexuales y reproductivos».

Esa declaración marcó distancia frente a conceptos utilizados en el ámbito internacional para abordar la sexualidad, el género y los derechos reproductivos.

El pronunciamiento y la solicitud de revisión de la Resolución 1350 de 2026 muestran que el asunto forma parte de una orientación más amplia del Gobierno, aunque sus consecuencias concretas dependerán de las decisiones administrativas que se adopten.

¿Qué puede pasar ahora con la educación sexual en los colegios?

El siguiente paso consiste en determinar si la Presidencia ordena la revisión solicitada y si se expide la directiva que propone el Ministerio de Educación.

Si se inicia ese procedimiento, las cuatro carteras involucradas deberán participar en el análisis de la política. El proceso podría centrarse en la competencia legal para establecer determinadas obligaciones, la autonomía de las instituciones educativas y la disponibilidad de recursos para ejecutar las medidas previstas.

También será importante conocer qué actuaciones se han implementado desde la expedición de la resolución y cuáles podrían verse afectadas por una eventual suspensión.

La clave está en diferenciar tres escenarios: una revisión jurídica, una suspensión temporal de determinadas medidas y una eventual derogatoria de la resolución. Son actuaciones distintas y no deben presentarse como si fueran una sola decisión.

Por ahora, el oficio refleja la intención del Ministerio de cuestionar y revisar la política heredada del Gobierno anterior. La evolución del caso permitirá establecer si la norma continúa vigente, cambia su alcance o termina siendo derogada.

El debate deja una pregunta de fondo para las familias, los docentes y las autoridades: ¿cómo debe definirse la educación sexual en los colegios, equilibrando la responsabilidad del Estado, la autonomía escolar, la participación de los padres y la protección de los estudiantes?

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