El histórico fallo de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto hasta la semana 24 en Colombia aumentó en un 65,9% los procedimientos legales, pero no impidió que otras mujeres siguieran abortando en la clandestinidad.
Valeria* tenía 19 años y dos hijos pequeños cuando un médico le dijo, en mayo de 2022, que abortar ese tercer feto que había en su vientre podría darle varios años de cárcel. Tuvo que hacer el procedimiento en su casa casi tres semanas después cuando logró recolectar los $250.000 que le valió adquirir los medicamentos de manera privada.
Pero su doctor mentía: desde hace un año exacto –tras la sentencia C-055 del 21 de febrero de 2022– cualquier mujer puede acudir a un centro médico para interrumpir su embarazo hasta la semana 24. Sin explicaciones, sin papeles, sin exámenes previos para la mayoría de los casos: tiene que ser un procedimiento rápido que, además, no requiere el consentimiento de los padres ni de ninguna otra persona adicional.
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Así lo estableció la recién publicada resolución 051 del Ministerio de Salud que reguló el acceso a la interrupción voluntaria del Embarazo, IVE, y que le ordena que todas los centros médicos del país que habiliten una ruta que atienda o redireccione, sin trabas, a las mujeres que quieran abortar.
Lo cierto es que, aún con esas barrera de acceso reportadas en tutelas y quejas de las pacientes y las redes feministas que las acompañan, Profamilia regristró un aumento del 65,9% en los abortos practicados de todo el país.
“Esta información coincide con la evidencia de otros países como Uruguay, Francia, Portugal, España y México en los que, luego de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, no hay un aumento en los procedimientos a largo plazo, sino que se trata de un aumento inicial que luego se estabiliza e incluso disminuye”, argumentó Profamilia.
Y hay más cifras que hablan de un proceso que avanza con fuerza en los 32 departamentos. Según esa misma entidad, el 97,2 % de las IVE se realizaron antes de los primeros cuatro meses de gestación y solo el 1,1% se llevaron a cabo después de las 24 semanas.
A partir de ese punto, tal como lo decidió la Corte, las mujeres debieron argumentar una de las tres causales que dicta la Ley: malformación del feto, riesgo de vida para la madre o abuso sexual.
“Las cifras son apenas razonables. Esperábamos un incremento en los registros porque, básicamente, ahora las mujeres sí lo pueden hacer de manera legal y acudir a los centros médicos oficiales sin arriesgar sus vidas”, dice la experta Sandra Mazo, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir y de Causa Justa, una de las organizaciones que logró que la Corte despenalizara el aborto.
