El debate sobre el ordenamiento del suelo rural y los límites a la propiedad privada en Colombia ha dado un giro definitivo ante el próximo cambio de gobierno. Un grupo de congresistas radicó formalmente una carta dirigida al presidente electo, Abelardo de la Espriella, y al futuro ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond Baquero, con una exigencia clara: revocar de manera inmediata las resoluciones que crearon las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA).
La solicitud, fechada en Bogotá el 11 de julio de 2026, ataca directamente las herramientas de planificación territorial implementadas bajo el artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo del presidente saliente Gustavo Petro (Ley 2294 de 2023). Según los firmantes —entre quienes destacan la senadora Sara Castellanos, la representante Carol Stefanny Borda (ambas del Partido Salvación Nacional) y el representante Daniel Briceño (del Centro Democrático)—, estas figuras administrativas configuran una extralimitación que lesiona la economía local y la autonomía regional.
El impacto en la autonomía regional y el desarrollo económico
Restricciones al comercio, turismo y vivienda rural
La principal preocupación de los legisladores radica en el freno que estas declaratorias imponen sobre el desarrollo multifuncional del suelo rural. Al quedar catalogados bajo las figuras de APPA o ZPPA, diversos predios del país sufren restricciones severas para diversificar sus actividades económicas. Sectores clave para la reactivación económica como el comercio, la industria ligera, el turismo ecológico, la minería y, de manera muy especial, la construcción de vivienda campestre o proyectos habitacionales rurales, quedan prácticamente congelados.
Vulneración de las competencias municipales
El documento argumenta que el Ministerio de Agricultura de la administración saliente asumió funciones que, por mandato constitucional, corresponden a las entidades territoriales. Al definir de manera centralizada desde Bogotá qué se puede y qué no se puede hacer en los predios rurales, se saltaron las competencias de los concejos municipales y las directrices de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), debilitando la descentralización del país.
Las regiones afectadas: El mapa de las resoluciones en la mira
La petición identifica con precisión quirúrgica los actos administrativos que el próximo gobierno debería derogar. La lupa está puesta sobre territorios de alto valor inmobiliario y productivo:
- Sabana Centro (Cundinamarca): Se exige la caída de las resoluciones 507 de 2023, 266 de 2025 y 153 de 2026, las cuales afectan directamente el desarrollo de una de las zonas con mayor presión urbana y comercial del departamento.
- La Guajira: Resoluciones 230 de 2023, 161 de 2024 y 289 de 2025.
- Suroeste de Antioquia: Un bloque masivo que incluye las resoluciones 377 de 2024, 330 de 2025, 393 de 2025, 394 de 2025, junto a los actos 11, 12, 18, 63, 64, 116 y 117 de 2026.
- Córdoba y Tolima: Resoluciones 242 de 2025 y 93 de 2026 para el departamento costeño; y las 352 de 2024, 44 de 2026, 45 de 2026 y 52 de 2026 para el territorio tolimense.
- Santander: Resolución 269 de 2025.
Argumentos jurídicos y reparos de los entes de control
El pronunciamiento de la Procuraduría y la Contraloría
Los congresistas de la oposición no avanzan solos en esta ofensiva jurídica. En el texto se expone que la Procuraduría General de la Nación ya solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, argumentando la falta de una ley específica que faculte tales limitaciones a la propiedad. Por su parte, la Contraloría General de la República ha emitido alertas sobre riesgos legales, fiscales y de gobernanza en la aplicación de estas áreas.
Límites a la Agencia Nacional de Tierras
Adicionalmente, la comunicación pide revisar con lupa el Decreto 1147 de 2024. A juicio de los firmantes, esta norma permite a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) imponer topes y regulaciones excesivas a la propiedad privada dentro de las Zonas de Reserva Campesina, lo que ahuyenta la inversión privada y desincentiva la generación de empleo en el campo colombiano.
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Puntos clave de la revocatoria solicitada
De acuerdo con el análisis de los sectores firmantes, la eliminación de las APPA y ZPPA traería los siguientes efectos positivos para el desarrollo rural:
- Restablecimiento de la seguridad jurídica: Devuelve la confianza a los propietarios de tierras y a los inversionistas nacionales y extranjeros al eliminar restricciones administrativas imprevistas.
- Reactivación del sector constructor y turístico: Permite ejecutar proyectos de vivienda, hotelería y comercio en zonas rurales aptas, dinamizando el empleo local.
- Autonomía para los municipios: Los alcaldes y concejos recuperan la potestad absoluta para ordenar su territorio según las realidades socioeconómicas de su población.
- Valorización del suelo: Libera el mercado de tierras de regulaciones que deprimían el valor comercial de los predios rurales.
El documento concluye con un llamado definitivo hacia la administración entrante: Colombia requiere de manera urgente un modelo que armonice la producción de alimentos con la libertad de empresa y la propiedad privada. La pelota queda ahora en la cancha de Abelardo de la Espriella e Indalecio Dangond, quienes deberán definir si mantienen el enfoque de protección estricta del gobierno anterior o si dan vía libre a la flexibilización del suelo rural para incentivar la inversión privada.
Tenga en cuenta
¿Qué son las APPA y las ZPPA? Son las Áreas y Zonas de Protección para la Producción de Alimentos, creadas en el gobierno de Gustavo Petro como figuras de ordenamiento para congelar el uso del suelo rural exclusivamente en actividades agrícolas, restringiendo otros desarrollos.
¿Por qué la oposición pide su revocatoria inmediata? Porque argumentan que violan la propiedad privada, frenan la construcción, el turismo y el comercio rural, y usurpan las funciones de los concejos municipales para ordenar sus propios territorios.
¿Qué municipios de Cundinamarca están implicados? Principalmente los ubicados en la provincia de Sabana Centro, donde las resoluciones ministeriales han limitado la expansión y diversificación de predios con alto potencial de desarrollo.
¿Qué papel juegan las alertas de la Procuraduría y Contraloría? La Procuraduría busca que la Corte Constitucional tumbe la ley base por ilegalidad, mientras que la Contraloría advierte que el modelo actual genera inseguridad jurídica y riesgos fiscales para la nación.
