Este miércoles 26 de julio los promotores de la consulta anticorrupción entregarán en la Registraduría cerca de cinco millones de firmas para convocar la iniciativa que busca aprobar siete mandatos, como la reducción de salarios de los congresistas o la eliminación del beneficio de casas por cárcel para parlamentarios por delitos de corrupción
“Lo logramos entre millones de colombianos en todo el país. Incluso, desde 27 países mandaron firmas. Estamos terminando de alistarlas”, señaló la representante Angélica Lozano, cuya preocupación principal era llegar, al menos, a las 2’500.000 firmas, una cifra que se superó con creces, debido a que se requieren mínimo 1’762.083 firmas válidas.
La entrega de firmas es apenas uno de los pasos para la consulta. Luego, la Registraduría tendrá 45 días para revisarlas y validarlas. De ahí, la iniciativa llegará a la plenaria del Senado que deberá dar un concepto de conveniencia que puede ser negativo o positivo.
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Los cálculos de Lozano señalan que, a poco tiempo para cerrar la inscripción de las listas al Congreso, los senadores no se opondrán a la iniciativa. En caso de que el concepto sea positivo, la Registraduría deberá fijar la fecha para la realización de la consulta, que no podrá ser la misma de las elecciones a Congreso ni Presidencia, sin embargo, podría ser un día antes, para aprovechar la logística electoral.
Durante la consulta, que deberá contar con la participación de al menos el 33 % del censo electoral (más de 11 millones de personas), los ciudadanos votarán sí o no a cada uno de los siete mandatos propuestos en la consulta anticorrupción.
Si estos mandatos son aprobados por la ciudadanía, el Congreso electo en 2018 tendrá un año para implementarlos en las leyes que corresponda, si no será el presidente electo quien deberá cumplir con el mandato ciudadano a través de decretos.
Mandatos de la consulta anticorrupción
1. Reducir de 40 a 25 Salarios Mínimos Legales Vigentes el sueldo de los Congresistas y altos funcionarios del Estado.
2. Aquellas personas condenadas por corrupción deberán pagar la pena en la cárcel sin ningún tipo de beneficio y sus contratos serán terminados unilateralmente.
3. Todas las entidades públicas y territoriales estarán obligadas a usar pliegos tipo para reducir la manipulación de requisitos y la contratación a dedo.
4. Obligar que el presupuesto de inversión de Alcaldías Gobernaciones y Nacional, se desglose y priorice en Audiencias Públicas con la ciudadanía, quien además vigilará su ejecución y contratación.
5. Obligar a los Congresistas a rendir cuentas sobre su gestión política y legislativa, de manera periódica y detallada.
6. Establecer como requisito para posesionarse y ejercer el cargo, publicar anualmente las declaraciones de bienes, renta, impuestos y conflictos de interés a todos los elegidos.
7. Limitar a máximo 3 periodos la permanencia en las corporaciones públicas como Concejos, Asambleas y Congreso.
Fuente: El Espectador
