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Cuando fue alcalde de Bogotá, Petro aprobó por decreto algunas modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial (POT), pese a que el Concejo había negado dichas modificaciones

La Procuraduría General de la Nación suspendió e inhabilitó este martes por un año al excalde de Bogotá, Gustavo Petro, luego de determinar que incurrió en irregularidades relacionadas con la expedición del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad.

La decisión de Petro, que fue alcalde entre 2012 y 2015, de modificar las normas urbanísticas del POT pese a que el Concejo del Distrito de Bogotá aprobó la ponencia negativa del proyecto de acuerdo fue calificada por la Procuraduría como falta “grave a título de dolo”.

Por este motivo, se le aplicó la sanción de 12 meses, que al no ocupar actualmente ningún cargo público se convierte en “sueldos devengados que debe pagarle a la Nación”, cuya cuantía no se divulgó.

La Procuraduría considera en su decisión que Petro “tenía conocimiento de la ilicitud de su conducta, como quiera que pese a las advertencias sobre el caso y de un simple análisis normativo podía determinar la ausencia de su competencia para adoptar la modificación excepcional del POT”.

Sin embargo, el burgomaestre optó “por desconocer estos avisos y procedió a emitir el acto administrativo que le estaba vedado en las circunstancias en que se presentaron los hechos”, agrega el Ministerio Público.

Tras conocer la decisión, Petro arremetió en su cuenta de Twitter contra el procurador general, Alejandro Ordóñez, que considera actúa para frenar sus aspiraciones políticas.

“Ordóñez aprovecha su tiempo para lograr acumular tres sanciones e inhabilitarme para la próxima campaña electoral”, las presidenciales de 2018, donde según analistas pensaba ser candidato.

Este es el segundo procedimiento que la Procuraduría cursa contra Petro tras el de 2013, que derivó en una destitución e inhabilitación temporal del alcalde por presuntas irregularidades al desprivatizar el servicio de recogida de basuras.

La sanción emitida en diciembre de 2013 contemplaba para Petro la destitución y una inhabilitación por 15 años para ejercer cargos públicos.

En marzo de 2015, el Consejo de Estado de Colombia falló que Petro podía continuar en su cargo. Sin embargo, solo un día después la Corte Constitucional reavivó un proceso de revocatoria en su contra y le dio 60 días a la autoridad electoral para convocar la votación.

Fuente: El Heraldo

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