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Ofrecer locales de trabajo, alternativas laborales y capacitación en el Sena a los vendedores informales son algunas de las disposiciones de la llamada ‘ley de la empanada’, que fue aprobada por el Congreso de la República


La ley obliga al Gobierno Nacional a realizar un censo de vendedores informales y a los alcaldes se les solicita preparar sitios especiales para ubicarlos, pero no puede ser en la periferia.

EL proyecto propone también es que estos vendedores paguen por el uso del espacio público, esos recursos serían destinados para el propio beneficio del vendedor.

“Eso se destinaría como ahorro para que tenga una vejez digna, una pensión. ¿Cuándo un vendedor informal tendrá una pensión? Esta es una alternativa”, expresó el senador del Mira, Carlos Guevara. 

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