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La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció recientemente que autorizó la recolección de mínimo 100 mil firmas en una consulta popular al movimiento “No más peajes”. El comité está integrado por varios ciudadanos, que desde ya empezaron a recoger firmas


Pero para el presidente de la Concesión Vial de Cartagena, René Osorio, la consulta popular que busca eliminar los peajes que maneja esta empresa “es ilegal”. El concesionario empezó una especie de ‘cruzada’ contra el movimiento que pretende eliminarlos.

“Esta consulta popular que se está gestando para acabar con los peajes; y especialmente con el que administra y opera la Concesión Vial de Cartagena va contra el artículo 18 de la Ley 1757 del 2015, porque solo pueden ser materia de iniciativa popular normativa  ante las corporaciones públicas, aquellas materias que sean de competencia de la respectiva entidad territorial”, explicó.

Entre otros, la empresa basa sus fundamentos en la  Sentencia 150 de la Corte Constitucional del 2015 que indicó que la consulta popular no puede referirse a materias que no se encuentren comprendidas dentro del respectivo nivel territorial. “En Nemocón, Cundinamarca, varias licencias ambientales fueron expedidas para la construcción de plantas de tratamientos de residuos sólidos. A pesar de una consulta popular que obtuvo más de 3 mil votos en contra, la Corte Constitucional decidió que el electorado municipal no tenía el alcance de afectar las competencias legales relacionadas con la política ambiental de esa región”.

El artículo 18 de la ley citada en su literal b señala cuáles materias no son objeto de consultas populares; y las presupuestales, las fiscales o las tributarias. El tributo es tripartito, entre impuestos, tasas y contribución. “El peaje es tasa, por lo tanto eso es totalmente inconstitucional”, explicó el representante de los peajes.

De acuerdo a Osorio la administración por parte de la Concesión Vial, se desarrolla  a través de un contrato de concesión que es ley tanto para el Distrito como para el  concesionario de acuerdo al articulo 1602 del Código Civil, que se aplica a los contratos estatales. La iniciativa tiene que pasar