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Un proyecto radicado en la Cámara busca mejorar las condiciones de los contratistas y acabar con el uso indiscriminado, con fines políticos y clientelistas, de esta modalidad laboral


Es muy posible que a comienzos de cada año note a varios de sus amigos al borde de una crisis nerviosa. Y no necesariamente porque quedaron con objetivos pendientes por cumplir o porque subieron varios kilos por las comidas navideñas. Detrás de esas preocupaciones, por lo general, está si les renuevan o no el contrato por prestación de servicios que tienen con cualquier entidad. Las famosas órdenes de prestación de servicios (OPS). 

Un modelo de contratación que se hace por tiempos definidos —por un año, o seis, tres o hasta un mes— y que se usa para cumplir funciones temporales y, por qué no decirlo, para pagar cuotas burocráticas en las administraciones locales y del estamento nacional. Sin embargo, la naturaleza jurídica de este tipo de vinculación hace que sus beneficiarios, llamados contratistas, tengan que asumir algunas obligaciones que, en otro tipo de contratos, serían asumidas por los empleadores, tales como el pago de salud y de pensión.

Por otra parte, el contrato de prestación de servicios no incluye ni vacaciones, ni licencias por maternidad o incapacidad y lleva otro rosario de desventajas frente a otros contratos de trabajo. Aunque puede tener algunos asuntos más convenientes, como un sueldo alto, la realidad es que para los contratistas terminan siendo más las penurias que las bondades.

Y es precisamente la mejora de las condiciones de las personas que viven con este tipo de contratación lo que pretende el proyecto de ley radicado ayer en la Cámara por la representante Angélica Lozano. Uno de sus objetivos es el de “contrarrestar la precarización de las condiciones laborales de miles de colombianos”.

En cifras, en 2016 había 243.427 personas que estaba contratadas en el sector público bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios. De ahí, el 27 % ha estado vinculado durante más de u