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Aunque la alimentación para los niños más pobres que están estudiando se viene entregando desde 1936, el Gobierno no ha logrado encontrar una estrategia para hacer que ese programa sea eficiente


Así lo determinó una auditoría de la Contraloría General sobre el desempeño del Programa de Alimentación Escolar (PAE), creado para mejorar la educación y evitar la deserción escolar.

La auditoría determinó que en el 2016, más de 32,7 millones de raciones no fueron entregadas a los menores, aunque ese año el plan contó con recursos por 1,7 billones de pesos, aportados en un 70 por ciento por la Nación.

La Contraloría afirma que los problemas del PAE –que se extiende en 1.103 municipios del país a través de 13.000 instituciones educativas– van más allá de los casos de corrupción que se han denunciado.

De manera generalizada se detectó que las dificultades radican en su mayoría en que la asignación de recursos para atender a los niños no es eficiente, aunque el año pasado el Ministerio de Educación creó una bolsa común (una única cuenta) para facilitar esa estrategia.

De hecho, la Contraloría afirma que aunque los municipios aseguran que este programa sí ha contribuido a mejorar el acceso a la educación y su permanencia, lo cierto es que “no se presenta evidencia suficiente que acredite la correlación directa entre los resultados obtenidos y su atribución al programa”.

Una de las dificultades es que el PAE se financia de diferentes fuentes (regalías, presupuesto de la Nación, sector privado, cajas de compensación), y las reglas cambian dependiendo de dónde salgan los recursos, lo que dificulta su manejo. 

De otro lado, el ministerio informó que de las 95 entidades territoriales que debían conformar la bolsa común para el manejo de recursos, solo 6 lo hicieron, por lo que el 93,7 por ciento no utilizó ninguno de los m