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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le notificó al Estado que debe hacer todo lo posible para proteger a 25 niños afectados por cáncer y graves enfermedades de la sangre


Las historias de 25 niños del departamento de Bolívar afectados por cáncer y graves enfermedades de la sangre llegaron, el 16 de septiembre del año pasado, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sus abogados y familiares enviaron una petición a Washington para que les pida a las autoridades colombianas y a las EPS a que cumplan con los tratamientos que necesitan para vivir. En medio de la impotencia y el desespero de ver que la salud de los menores se deterioraba, su grito de auxilio fue escuchado por la Comisión.

En un documento con fecha del 16 de junio de este año, la CIDH emitió unas medidas cautelares en las que le ordena al Estado realizar todas las acciones para proteger a estos niños que necesitan, con urgencia y de manera eficaz, tratamientos médicos para vivir. Todos ellos viven en Cartagena o en zonas aledañas. “Llevamos este caso a la Comisión porque ya se agotaron las instancias en Colombia. Se trata de familias de muy bajos recursos que tienen que viajar hasta Cartagena para cumplir con las citas. Sin avisarles se las cancelan o simplemente no se cumplen. A nadie le duelen sus dramas”, le explicó a este diario Ángela Margarita Rey Anaya, la abogada del caso y directora de la organización United for Justice.

La jurista además señaló que la situación de estos niños la viven otros 300 en la Costa Atlántica y que, si se hiciera un registro en todo el país, la cifra sería de proporciones gigantescas. “Fue muy importante explicar cuál es el contexto del sistema de salud en esta zona. Hicimos un riguroso rastreo de notas de prensa y de información oficial para explicar que allá el sistema está colapsado y los niños están padeciendo el abandono estatal y la ineficacia de la justicia”, agregó Rey, haciendo referencia al hecho de que los 25 niños ya tenían una orden de un juez para recibir su tratamiento y, en la mayoría de los casos, incidentes de desacato y órdenes de captura a gerentes de las EPS que tampoco se han cumplido.

Uno de los hechos que estudió la CIDH fue el caso de la gerente de la EPS Coomeva en Bolívar, Martha Peñaranda. La Veeduría de la Rama Judicial de Cartagena denunció, a comienzo de este año, que en contra de esta funcionaria había por lo menos