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Si por algo es persuasivo el nuevo Código de Policía, sancionado por el presidente Juan Manuel Santos, es porque tiene un sistema de multas con fuertes consecuencias para quien no las pague


Los comparendos, que a partir del primero de febrero de 2017 empezará a aplicar la Policía, van desde 91.924 pesos, por ejemplo para quien limite u obstruya manifestaciones de cariño y afecto en espacio público (que no configuren acto sexual), hasta 551 millones de pesos para organizadores de eventos masivos que incumplan sus contratos.

Hasta ahí, todo relativamente claro. Lo que les preocupa a algunos expertos en administración pública es que estos dineros sean recaudados en una cuenta que para tal efecto deben disponer las alcaldías y que no se les dé el uso adecuado.

En teoría, mínimo el 60 % de estos recursos deben ser invertidos en cultura ciudadana, pedagogía y prevención en materia de seguridad, pero por los problemas de corrupción existentes ese dinero podría convertirse en la caja menor de los mandatarios.

Según Rodolfo Arango, docente de la Universidad de los Andes, los alcaldes podrían manejar estos dineros de forma transparente y honesta, y si no lo hacen las contralorías municipales deberían sancionarlos. El óbice, para él, es que todo eso existe en el papel, pero no se cumple.

“El problema no es la ley; es la costumbre de los políticos, Ejecutivo y Legislativo, en general, de manejar dineros a sabiendas de que no funcionan las contralorías. Es un problema de cultura política, de corrupción sistémica”, precisó Arango.

Patricia Muñoz Yi, directora de Ciencia Política de la Universidad Pontificia Javeriana, dijo que la facultad que la ley le concede a los municipios de organizar estructuras para recaudar estas y otras multas, plantea una apuesta lógica, tendiente a fortalecer la descentralización, la autonomía local y administración desde el territorio.

“El riesgo siempre puede existir si las estructuras son débiles. Si el recaudo no se realiza bajo unas reglas claras de control y supervisión, se puede convertir en un espacio para que algunos funcionarios dispongan de una especie de caja menor para otros gastos”, expresó Muñoz.

El 40 % a libre destinación