La UE prohíbe la importación de productos de áreas deforestadas a partir de 2024

La UE prohíbe la importación de productos de áreas deforestadas a partir de 2024

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Hace unas semanas la Unión Europea (UE) aprobó una ley de deforestación que busca conservar los bosques tropicales del mundo y tendrá repercusiones en América Latina. Luego de que la norma tuviera luz verde, varios actores claves en la economía colombiana han empezado a hacerse preguntas sobre lo que implicará para ellos.

Para decirlo claro, esta norma busca que no se importen a Europa productos provenientes de áreas ilegalmente deforestadas desde el 31 de diciembre de 2020. Esto implica que los proveedores tendrán que certificar el origen del producto. La ley incluye importaciones de cacao, café, aceite de palma, soja, madera, carbón vegetal, derivados de aceite de palma y ganado, así como los productos que los contengan o se hayan fabricado con alguna de estas materias primas.

La idea es que la UE defina los controles que hará sobre las importaciones, clasificando a los países en tres categorías: riesgo bajo, medio o alto. Según explica Erik Dhaenens, consejero de Medio Ambiente y Clima en la Embajada de la Unión Europea en Colombia, la trazabilidad de los productos se hará por medio de coordenadas de geolocalización, pues “es la forma más sencilla y económica de obtener la información geográfica necesaria para garantizar que las cadenas de suministro sigan siendo libres de deforestación”.

Según Dhaenens, teniendo en cuenta que la deforestación se vincula con el cambio de uso del suelo, “el monitoreo requiere un vínculo preciso entre los productos agrícolas que están en el mercado y la parcela de tierra donde se cultivó”.

Esta ley es clave para Colombia, pues la Unión Europea es el segundo destino al que más exportamos. Según información del Ministerio de Comercio, de los productos que se van a empezar a vigilar con la nueva ley, Colombia exporta café y aceite de palma. En 2022, el país recibió más de US$7.000 millones por las exportaciones a la UE, de los cuales más de US$2.800 millones provinieron de sectores no minero-energéticos.

Aunque entrará en vigencia a finales de 2024, esta norma ha puesto sobre la mesa dos grandes debates: uno, relacionado con las posibles afectaciones que tendrían los pequeños productores y, dos, la efectividad de los sistemas de trazabilidad en los países exportadores, que permiten conocer el origen de los productos.

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