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Corte Constitucional le dice NO a la consulta popular contra la minería en Cogua

“¿Está usted de acuerdo si o no que se amplíe la explotación minera por fuera de las zonas donde hoy se desarrolla la actividad minera en el municipio de Cogua?”


Esta es la pregunta que desde 2018 la Alcaldía de Cogua en Cundinamarca quería realizarles a sus habitantes en una consulta popular. La pregunta había sido avalada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 3 de mayo de ese año, pero, desde entonces un largo proceso judicial que incluyó varias tutelas paralizó la realización de la consulta. El caso llegó hasta la Corte Constitucional que tumbó ese aval.


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En el 2018, luego que el Tribunal diera su aval a la pregunta que se iba a realizar. Contra esa decisión, la Ladrillera Santa Fe y el Ministerio de Minas interpusieron sendas tutelas, de manera separada, alegando que se les había vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Y que se había desconocido el precedente judicial. Las tutelas fueron negadas en primera instancia por la Sección Segunda del Consejo de Estado que consideró que no había nada irregular y que la consulta se podía hacer.

En segunda instancia, el Consejo de Estado acumuló las dos tutelas y el 14 de agosto de 2019 las declaró improcedentes al estimar que lo que querían tanto el Ministerio como la Ladrillera era usar la tutela como una instancia adicional para frenar la consulta. El caso fue seleccionado para revisión por la Corte Constitucional que reiteró que las consultas populares no pueden parar actividades de minería porque las decisiones sobre la exploración y explotación en el subsuelo son de orden nacional y no local, asunto que quedó así señalado en la sentencia SU-095 de 2018.

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Por su parte, la Corte Constitucional consideró que el Tribunal vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del Ministerio de Minas y de la ladrillera, al haber avalado la consulta popular relacionada con la ampliación de la explotación minera por fuera de las zonas donde se desarrolla esa actividad en Cogua.

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Para la Corte, el Tribunal Administrativo no analizó las normas que dicen que la competencia sobre el subsuelo es del gobierno central. En ese sentido, la Corte Constitucional dejó sin efectos la decisión adoptada el 3 de mayo de 2018 mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había avalado la pregunta de la consulta popular. La decisión se tomó por una votación de 9-0.

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