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La comunidad de San Antonio del Tequendama se niega a que instalen en su territorio torres eléctricas de alta tensión. Así lo dejaron claro en una reunión convocada por el Alcalde este 17 de febrero. Presidentes de Juntas de Acción Comunal, concejales, el personero municipal, y funcionarios de la Alcaldía  fueron testigos de esta decisión


La empresa Geoma está adelantando el estudio técnico previo para el proyecto UPME-07 de 2016. Este consiste en una línea eléctrica de alta tensión (500 kV) que conecte la subestación Nueva Esperanza, ubicada en Soacha, con la subestación La Virginia, en la cercanía del municipio de Pereira.

“Hasta ahora estamos evaluando los posibles trazados para definir el de menos impacto, y presentar propuestas ante la ANLA [Autoridad Nacional de Licencias Ambientales]”, comenta uno de los representantes la empresa.

El Alcalde Luis María Gordillo explicó que “la empresa me presenta un derecho de petición, es de mi deber recibirles y escucharles. Pero decidí convocar esta reunión para que la comunidad también pueda escuchar y no estar yo solito con ellos en mi despacho”.

Comités ambientales, veedurías, colectivos y ciudadanos preocupadas por el tema llevan ya más de dos años trabajando en contra de un primer proyecto: el UPME-01 de 2013. Este, aunque se encuentra en una fase más avanzada, no cuenta siquiera con licencia ambiental.

Dicho primer proyecto de líneas de alta tensión (500 kV) atraviesa los departamentos Santander (donde se conecta en Betulia a la hidroeléctrica Hidrosogamoso de la empresa Isagen), Boyacá y Cundinamarca. Es decir, rodea Bogotá por el Occidente y llega por la Provincia del Tequendama hasta Soacha.

“La administración insiste en que son dos proyectos distintos, que no tienen nada que ver, pero el impacto es el mismo, son las mismas características técnicas y, además, sabemos que se trata de una misma línea pues se interconectan en Soacha y llevan la misma energía”, comenta una integrante de la Asociación Municipal de Usuarios Campesinos –ANUC-, San Antonio.

En estos dos años se le ha pedido en varias ocasiones a la Administración posicionarse frente al proyecto. Se mandaron derechos de petición y se exigió que se cumpliera con la obligación de informarle a la comunidad, a las Juntas de Ac