El viceministro de Descolonización de Bolivia, Pelagio Condori, alertó que 18 de los 36 pueblos indígenas reconocidos por la Constitución Política del país están en riesgo de desaparecer, al encontrarse en un estado de extrema vulnerabilidad.
Según informa la Agencia Bolivariana de Información (ABI), entre las comunidades mencionadas por el funcionario se encuentra la milenaria etnia de "los hombres del agua", los Uru Murato, un pueblo tradicionalmente de pescadores y cazadores que para sobrevivir dependían del lago Poopó, que era el segundo más grande en el país.
No obstante, con la desertificación del manto de agua en 2015, por las constantes y graves sequías derivadas de la crisis ambiental, los Uru Murato están en riesgo de extinción, solo subsistiendo gracias a sus fuertes raíces culturales, detalló el viceministro.
Al norte de La Paz, la etnia Esse Ejja experimenta una situación similar. El agua de sus ríos es insalubre e inadecuada para consumo humano y animal como consecuencia de las prácticas de contaminación en la región, lo que pone en riesgo su subsistencia.
Los yuracarés son otro de los pueblos indígenas en alto estado de vulnerabilidad, al ir perdiendo su lengua y prácticas culturales con el tiempo. Según explicó Pelagio Condori, los saberes y tradiciones de esta comunidad, ubicada al oeste del país, han caído en desuso, dado que los miembros más jóvenes de la etnia ya no los utilizan.
El viceministro también mencionó a los pueblos de Chacobo, Toromona, Tacanas, Whenayek, Yukis y Maropa como etnias en riesgo de desaparecer y detalló que la mayoría de las comunidades amenazadas se encuentran en el este del país.
La Constitución de Bolivia, específicamente el artículo 31 párrafo I, establece que las naciones y pueblos indígenas originarios que se encuentren en peligro de extinción y en situación de aislamiento deberán ser protegidos y respetados en sus formas de vida, individual y colectiva.
Además, la ley de Protección de las Naciones y Pueblos Originarios Indígenas en Situación de Alta Vulnerabilidad, emitida en 2013, instituye mecanismos y políticas para la prevención, protección y fortalecimiento de las etnias amenazadas, siendo esta regulación el pilar de la estrategia del Gobierno para salvaguardar y conservar a los pueblos originarios.
