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El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció que la isla se declara en quiebra con el fin de reestructurar su multimillonaria deuda de más de US$70.000 millones


Roselló hizo el anuncio al terminar la moratoria que impedía a los acreedores acudir a los tribunales para reclamar el pago de la deuda al estado libre asociado de Estados Unidos.

Un proceso de bancarrota en Puerto Rico sería el más grande de la historia del mercado de deuda local de Estados Unidos.

La isla vive una grave crisis económica, con una tasa de pobreza del 45%, un desempleo que dobla la media de Estados Unidos y población que decrece por la emigración a Estados Unidos continental (los puertorriqueños son ciudadanos de EE.UU.).

La agencia de calificación de riesgos Moody's ve la decisión de la gobernación como positiva para los acreedores porque el proceso en los tribunales sería "ordenado", algo preferible a "un periodo caótico e incierto".

Título III

El gobernador explicó en rueda de prensa su decisión de acogerse al Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa) para atender la crisis financiera de la isla.

Poco después del anuncio, funcionarios de la isla notificaron a la decisión a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), establecida por el Congreso de Estados Unidos.

Según Roselló, después de "amplias conversaciones de buena fe y la apertura de los libros financieros del gobierno de Puerto Rico a los acreedores, no ha habido progreso suficiente en las negociaciones por lo que el Título III de la Ley Promesa permite llevar a un tribunal especial la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico".

El Título III contempla un proceso de reestructuración de deuda similar a las normas de protección por bancarrota estadounidenses, a las que no se puede acoger Puerto Rico por su condición de Estado Libre Asociado.

La norma sirve para paralizar las demandas judi