Hoy se vive quizás uno de los capítulos mas tristes de la historia de Zipaquirá luego de varios años en los que estas familias buscaban conservar sus viviendas hoy 31 de marzo desalojaron pacíficamente con la presencia de los que muchos zipaquireños creen fue un exagerado despliegue de fuerzas militares para desalojar a 13 familias
Angustia, zozobra y tristeza se vive hoy 31 de marzo de 2022 en el Barrio Ciudad Jardín Zipaquirá, tras varios años de lucha tanto de estas familias por conservar sus viviendas en predios que fueron comprados a Mariano Porras y fueron estafados en su buena fe, así como por parte de la familia Algarra Navas que reclamaban su predio.
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Habitantes de Ciudad Jardín Zipaquirá fueron sorprendidos por efectivos del ESMAD el jueves 31 de marzo de 2022 a muy tempranas horas allí denunciaron lo que sería un allanamiento ilegal en una de las viviendas de este lugar en donde presuntamente y según la autoridades los vecinos tendrían artefactos explosivos, sin embargo en el lugar no se encontró evidencia de dichos artefactos, contrario; fue detenida una señora de tercera edad que al parecer tiene problemas respiratorios y se generó una ambiente de pánico y zozobra en esta comunidad que desde tempranas horas del jueves reclamaban la presencia de entidades gubernamentales que salvaguardarán sus derechos.
La diligencia que tenía como fecha el miércoles 30 de marzo fue suspendida por parte del Juez y la apoderada de la familia Algarra Navas, la abogada Elvira González decidieron suspender temporalmente la diligencia y continuarla el jueves 31 de marzo. El desalojo se efectúa luego de un intenso diálogo que sostuvieron la señora González y el alcalde de Zipaquirá, Wilson García en donde solicitaba un compás de 60 días para buscar una solución. Sin embargo, la contraparte propuso 45 días pero con la condición de que los habitantes desalojaron el lugar, condición que no aceptaron los habitantes de este barrio.
Elvira González apoderada de la familia Algarra Navas
Desde el último intento de desalojo el 12 de noviembre de 2021 la comunidad de Ciudad Jardín emprendió una cruzada para poder conservar sus viviendas, desde hacer videos en redes sociales para que los zipaquireños entiendan la situación hasta rogarle al actual alcalde de Zipaquirá, Wilson García alguna solución por parte de los entes municipales, encuentros con el Gobernador Nicolás García con intermediación del Diputado Fabian Rojas e incluso llegar a instancias nacionales de la mano con el viceministro de comercio y exalcalde de la ciudad, Jorge Enrique González y finalmente entregarse a la oración para que sea Dios quien haga el milagro.
¿Faltó voluntad política?
Luego del último intento de desalojo se puso sobre la mesa una posible salida a esta problemática, se solicitó al Alcalde de Zipaquirá, Wilson García radicar un Proyecto de Acuerdo mediante el cual se declare de utilidad pública al predio donde se ubica Ciudad Jardín. Sin embargo durante todo este tiempo el mandatario se rehusó a realizar tal acción.
Es así como incluso el Viceministro de Comercio y exalcalde de la ciudad, Jorge Enrique González quien ha estado al tanto de la situación expresó en un video difundido en redes sociales la viabilidad de este Proyecto de Acuerdo el cual buscaba legalizar el predio como asentamiento humano ilegal consolidado, previa a su declaratoria como utilidad pública e interés social con lo cual se hubiese podido proteger a estas familias pero que lamentablemente no se realizó.
El mandatario García expresó a través de un comunicado de prensa el 28 de marzo de 2022 que el proyecto fue revisado por parte del Gobierno Municipal pero, se determinó que no contaba con los requisitos de Ley para tales declaratorias pues no cuenta con:
Vías pavimentadas, la infraestructura de servicios públicos no se encuentra consolidada, carece de instituciones promovidas por el estado y los propietarios del predio han acudido a instancias judiciales en las que se obligó a restituir el predio. Además de aclarar que esta diligencia no se hace por parte de la administración municipal y que no tiene injerencia sobre este desalojo que se hace entre privados.
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También como manera de paliar esta situación presentó un proyecto de acuerdo en el cual se darán recursos económicos “subsidio de arrendamiento” a estas familias.
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Por otra parte, la lideresa Jhoana Lopez expresaba con recibos en mano que el mandatario mentía pues todos los habitantes de dicha zona cuentan con servicios públicos y lo que es aún peor han pagado durante años por ellos incluyendo el impuesto predial, argumento que no hubo voluntad política por parte de esta actual administración municipal.
En el último momento el Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García en sus redes sociales solicito respetuosamente a la familia Algarra Navas aplazar la diligencia y prometió sentarse a dialogar con las partes para llegar a un acuerdo.
¿Quién puso en problemas a estas familias y a los dueños del predio?
Estas familias construyeron sus viviendas en el predio del barrio El Prado conocido como lote de las Algarra Navas, convencidos de que se vinculaban a un proyecto de urbanismo con todos los requisitos legales y que en la ciudad se recuerda asociado al nombre de Mariano Enrique Porras.
Porras tuvo como bandera la vivienda social. En 1990, cuando llegó a la Cámara ofrecía 7.000 soluciones a las familias pobres, 2.500 de ellas en el sector marginal de Patio Bonito, en el suroccidente de Bogotá. De estas viviendas, sólo se construyeron 65. Todas quedaron en obra negra.
En 1994, cuando inició su campaña para el Senado, Porras prometió entregar 10.000 viviendas a igual número de beneficiarios a través del sistema de autogestión comunitaria. Los votos de sus adeptos no le alcanzaron para cumplir su promesa. Para esa época, no sólo prometía casas en Patio Bonito en la capital, sino en Zipaquirá (Cundinamarca), Tuluá (Valle del Cauca) y los Llanos Orientales.
Es así como posteriormente, el señor Porras -capturado por estafa- propuso que por un segundo pago las viviendas quedarían a nombre de los compradores. En el 2001, según los vecinos de Ciudad Jardín el Juzgado Penal de Zipaquirá entregó las escrituras correspondientes en donde inició la posesión real de los predios. De esta manera los habitantes de dicho lugar han venido pagando impuesto, mejoras de vivienda, servicios públicos, impuesto predial durante años.
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