Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa a las entidades asociadas al funcionamiento del PAE en varias instituciones de Cundinamarca, con el fin de esclarecer si los procesos se dieron bajo el marco normativo o si, por el contrario, existieron inconsistencias en su ejecución.
Esta medida del Ministerio Público se desprende del paro de personal declarado desde el pasado 18 de octubre, en municipios como Bituima, Villa Pinzón, Tausa, Sopó, Pacho y Bojacá, situación que afectó a más de 1.000 estudiantes que se quedaron sin alimentación.
El objetivo de la Procuraduría Regional de Instrucción de Cundinamarca será indagar las razones por las que se presentó este incumplimiento de obligaciones por parte del personal asociado.
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Además, se ordenó la práctica de pruebas para determinar si estos hechos son constitutivos de una falta disciplinaria.
Cabe recordar que la Defensoría del Pueblo ya había presentado un informe detallando esta crisis en el PAE, resaltando las denuncias de un personero del municipio de Susa, quien evidenciaba las insuficiencias del programa alimentario, la inoperancia del mismo y el suministro de productos vencidos y de mala calidad a los estudiantes.
En dicha denuncia, el personero Juan Manuel Garay agregó que las remisiones del PAE no llegaban completas y que, incluso, había días en los que no se contaba con el mercado para alimentar a los menores.
