- Poblaciones de la sabana adelantan planes para evitar que habiantes del Bronx lleguen a sus comunidades
- Municipios no quieren recibir habitantes de la calle porque les genera gastos en su presupuesto
- Sentencia de la Corte Constitucional indica que la indigencia es una forma de vida
Tras la intervención del Distrito en el sector del Bronx, donde se concentraban alrededor de 2.000 habitantes de calle, muchos se han desplazado a otras localidades e incluso a municipios aledaños. Sin embargo, en poblaciones de la sabana, autoridades adelantan planes para evitar su ingreso y devolverlos a Bogotá.
Sólo quienes demuestren arraigo en el municipio son incluidos en planes de atención en la población. Esas operaciones, que adelantan las administraciones junto con la Policía, han generado críticas de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la propia Defensoría del Pueblo. Para ellos, es una violación a sus derechos que deben revisar.
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Y es que la orden en las poblaciones aledañas a Bogotá es clara. En Chía, Cota, Soacha, Sibaté, Funza, Madrid, Mosquera, Facatativá, Zipaquirá y Fusagasugá coordinan acciones, según ellos, para evitar la invasión de los habitantes de calle “que salieron en desbandada por la incursión de las autoridades en el Bronx”.
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Si bien los habitantes de estos municipios han visto con buenos ojos el trabajo de las autoridades, las organizaciones de derechos humanos cuestionan esta práctica. “Además de la criminalización a los habitantes de calle (en la parte que dice que no tienen ni armas ni drogas) esto es algo inconstitucional. Les están negando los derechos a la libertad de circulación por el territorio nacional. Además, están incitando a la población a denunciar su presencia (que no tiene nada ilícito) ante la fuerza pública”, dijo Sebastián Lanz, de la ONG Parces.
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Y agregó: “Las medidas de las alcaldías municipales para impedir que los habitantes de calle del Bronx migren a sus municipios parte de la criminalización de los habitantes de calle y de la mala información al resto de población, al invitarla a pensar en el habitante de calle como ladrón o usuario de drogas. En una escala internacional, el progreso y el desarrollo urbano se definen por la ausencia de personas en habitabilidad en calle... Acá se está jugando a "embellecer" zonas de la cuidad para esconder problemáticas sociales muy complejas”.
William Suárez, defensor del Pueblo de la seccional Bogotá, fue más crítico y señaló que ellos no quieren recibir al habitante de la calle porque les genera gastos en su presupuesto. Sin embargo, en principio "deberían acogerlos y luego articular con autoridades nacionales el plan para atenderlos. Considero que no pueden devolverlos porque sí. Deben prestarle atención inmediata. Prevalecen los derechos humanos”.
Según el defensor, no puede ocurrir que por no ser del municipio los devuelvan a Bogotá, ya que muchos de ellos tampoco son de la capital, y si se aplica esa lógica, Bogotá también terminaría devolviendo a muchos habitantes de calle a sus municipios de origen. Y es que según datos del último censo de esa población en Bogotá (que contabiliza casi 9.000 personas), al menos 4 de cada 10 no son de la capital. De estos, la mayoría son oriundos de Valle del Cauca (450), Antioquia (440); Cundinamarca (360), Tolima (310) y Caldas (300).
“Hay una sentencia de la Corte Constitucional que indica que la indigencia es una forma de vida y que responde al libre desarrollo de la personalidad.Si un habitante de calle decide irse para Melgar porque allá es más calientito, no tienen por qué limitarle su libre movilización y su libre albedrío. Como funcionarios debemos ayudar y articular”.
Mientras en Bogotá la Secretaría de Integración Social sigue su trabajo por ofrecerles alternativas a los habitantes de calle, luego de la intervención del Bronx, muchos de ellos han preferido buscar nuevos rumbos. En las autoridades municipales está, más que rechazarlos, brindarles atención.
Fuente: Alexánder Marín Correa / El Espectador
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