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El pasado 19 de julio el Congreso aceptó la renuncia que presentó el representante a la Cámara José Edilberto Caicedo Sastoque, luego que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le dictara medida de aseguramiento por presuntos hechos de corrupción en Zipaquirá


Al evaluar la petición de la defensa, la Sala de Instrucción determinó, que por la renuncia y correspondiente pérdida del fuero, ya no tenía competencia para seguirlo investigando y remitió el caso a la Fiscalía General.

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Él sigue la misma línea interpretativa que aplicó la Sala en el caso del expresidente Álvaro Uribe, cuyo caso por presunto fraude procesal y soborno fue remitido a la Fiscalía en 2020; y se contrapone a la postura que tomó la Sala en el caso del exrepresentante Álvaro Hernán Prada, también investigado por ese expediente, y en el cual la Corte decidió mantener la competencia.

La decisión del caso Sastoque la tomó el magistrado Francisco Farfán, ponente del mismo, y uno de los magistrados que salvó voto en el caso Prada junto a sus colegas Misael Rodríguez y Héctor Alarcón. Además, es relevante porque en próximos días la Corte deberá definir si mantiene la competencia en el caso del exgobernador de Santander y senador Richard Aguilar, quien renunció al Congreso luego de ser capturado por presuntos actos de corrupción.

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En el caso de Sastoque, la Sala señaló que cuando se presentan estas renuncias, el alto tribunal solo puede mantener la competencia cuando las conductas que se investiguen "tengan relación con las funciones desempeñadas" como congresistas. Y cuando se trate de delitos, así sean comunes, en los que se advierta de manera evidente un vínculo de los citados delitos con la función pública propia del Congreso de la República.

Así, la Corte citó la decisión del 31 de agosto de 2020 en la que se remitió a la Fiscalía el caso del expresidente Uribe Vélez al estimar que se trataba de delitos comunes que no guardaban ninguna relación con la actividad funcional atribuida en el ordenamiento jurídico a los miembros del Congreso.

Y estimó que "lo relevante para la extensión del fuero es que en cada caso concreto se constate objetiva y no hipotéticamente el vínculo o nexo existente entre la conducta punible investigada y las funciones del Congresista, de tal suerte que aquella "interfiera o genere un riesgo próximo para la función pública" que a este le atribuya la Constitución o la ley, motivo por el cual, no es posible afirmar que la totalidad de actos u omisiones atribuibles a los excongresistas se puedan considerar cobijados o comprendidos dentro del concepto de extensión del fuero".

La decisión asegura que, a partir de la notificación de la misma, José Edilberto Caicedo Sastoque queda a disposición de la Fiscalía General de la Nación "para lo de su competencia, en consideración a que el procesado se encuentra con medida de aseguramiento de detención en su lugar de residencia".

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Se ordenó remitir a la Fiscalía todo el expediente, así como el depósito judicial que se constituyó "para garantizar el cabal cumplimiento de las obligaciones asumidas en el acta de compromiso" de parte de Caicedo Sastoque.

Y se cancelaron las diligencias de ampliación de testimonios que se habían programado en la Sala de Instrucción.

Con información del portal El Tiempo

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