- La gobernación liquidó el pasado 21 de diciembre y giro la suma de 13 mil 417 millones de pesos
- Era un proyecto para dotar a más de 200 mil estudiantes de conectividad
- Se realizarán juicios de responsabilidad fiscal
Las auditorias especiales adelantadas por la Contraloría departamental en centros educativos y hospitales, dejaron al descubierto presuntas irregularidades en el contrato liderado por los secretarios de Educación, Piedad Caballero Prieto; de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, Luis Carlos Mejía Díaz y de Salud, Germán Augusto Guerrero Gómez, que buscaba en el término de un año poner en marcha la implementación y el servicio de conectividad de la Red Social de Datos.
El Contralor, Ricardo López Arévalo, dijo en RCN Radio, que “con ocasión de la auditoria especial que se hizo al contrato 051 del 2014, suscrito por esos funcionarios, se buscaba llevar conectividad a mas de 109 municipios del departamento, no certificados en educación, 1260 instituciones educativas y 80 centros de salud”.
Agregó que “eso era un proyecto muy ambicioso, era dotar a más de 200 mil estudiantes de conectividad, Wi fi, acceso a la web; inclusive en materia de salud se pretendía hacer telemedicina que las personas en las partes rurales tuvieran la posibilidad de acceder a médicos por vía de las redes de conectividad del departamento”.
López Arévalo, al señalar los hallazgos de las auditorías, explicó que “lo que hemos encontrado es que, el objeto del contrato, según nuestras auditorias e informes de la Contralora General , que desde el año 2015, hizo algunas visitas a 15 sedes educativas, no encontró el servicio de conectividad. Los hallazgos de la interventoría que se contrató, en más de diez visitas señalaba que el contratista, no estaba cumpliendo con los términos del contrato, con las características técnicas y solicitaba que se declarara el incumplimiento”.
El funcionario aseveró que “ante este hecho sorprendente, yo hice una encuesta a 244 rectores del departamento el pasado 28 de abril para preguntarles, porque me vi sorprendido ante este hecho, sobre si existía conectividad en sus instituciones educativas y los resultados es que en 61 por ciento, aproximadamente, los docentes manifestaron no tener conectividad, el 24.29 por ciento, lo calificaron de regular y 42.86 por ciento lo calificaron de deficiente. Solo cinco rectores manifestaron que tenían conectividad”.
El contralor departamental, explicó que igualmente y “a pesar de lo anterior y de los hallazgos de la Contraloría General, de las informaciones de la interventoría y de lo que nosotros hemos constatado, la gobernación liquidó el pasado 21 de diciembre y giro la suma de 13 mil 417 millones de pesos, declarando a paz y salvo el contrato, como recibido a satisfacción e igualmente reconoció un saldo a favor del contratista para sumarlos de 16 mil millones de pesos”.
“El hecho es que se han cancelado esos valores y no encontramos conectividad, en las instituciones educativas, por tal razón vamos a iniciar el juicio de responsabilidad fiscal”, agregó López Arévalo. Fue puntual al indicar que “como en este momento se han girado 13 mil 417 millones de pesos aproximadamente y el daño se genera en el momento de la cancelación, vamos a iniciar por ese valor el juicio, pero generamos una alerta al departamento en relación con el saldo pendiente que se reconoce en el acta de liquidación, para que se tomen las medidas jurídicas para evitar un mayor detrimento al departamento”.
